Desde que fue implementado el 28 de enero, unos 6,000 solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos han sido regresados a territorio mexicano hasta que un juez de inmigración decida sus casos, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los migrantes, la mayoría centroamericanos provenientes del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza.
La oleada, que fue advertida por primera vez en 2013, ha crecido y sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno de Donald Trump, quien en febrero decretó una emergencia nacional para atender la crisis humanitaria.
Sólo en abril los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a 98,977 migrantes en la frontera sur y los ciudadanos originarios de Guatemala y Honduras siguen encabezando la lista de aprehensiones.
En cuanto a la situación en México de los migrantes solicitantes de asilo que aguardan en Tijuana la decisión de las cortes de inmigración de Estados Unidos, “es bastante complicada y vulnerable, no solo por la violencia y la inseguridad en esta ciudad, sino también porque el gobierno no ha brindado la ayuda que prometió”, dijo Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México.
“Resulta que el gobierno no ha desarrollado ninguna estrategia de atención humanitaria. Los albergues no tienen espacio, no hay cómo atenderlos por tanto tiempo. Y como no tienen abogados que los representen, cuando van a sus citas en las cortes de San Diego los regresan nuevamente para que consigan uno. Pero cuando vuelven tampoco reciben asistencia. Esto es un cuello de botella”, añade.
Vásquez dijo además que, “al no tener asistencia ni social ni jurídica, no existe ninguna seguridad de que estas personas ganen sus casos de asilo o estén protegidas en México mientras esperan. Hay muchos niños que están quedando expuestos a todos los riesgos de seguridad que existen en Tijuana, una de las ciudades más violentas de México y del Mundo”, indicó.
En cuanto al protocolo de asilo en territorio estadounidense, Vásquez dijo que “las personas que ingresan por garitas que no sea la de San Ysidro, sus casos son llevados a tribunales que se localizan en el área de San Diego, ubicadas a tres o cuatro horas por ejemplo de Calexico. Eso significa que las personas deben movilizarse largos trechos y no tienen dinero. Los solicitantes de asilo no tienen recursos, son pobres, pero el gobierno de Estados Unidos no considera esto”.
“Imagínese entonces cuando les dan una cita. Es una situación muy complicada. Se trata de una medida destinada a desalentar al que busca asilo. Son pasos crueles. Los están angustiando para que desistan. Y del lado mexicano no los están atendiendo. Somos nosotros, las organizaciones civiles, las que estamos batallando con esta crisis humanitaria”, indicó Vásquez.
Las preocupaciones de la activista fueron compartidas por Irineo Mujica, director ejecutivo de Pueblo Sin Fronteras. “Están viviendo una situación muy complicada en Tijuana·, dijo. “El gobierno de México no tiene una operación para atenderlos, esta gente que regresan de Estados Unidos no tiene dónde vivir”.
“Los solicitantes de asilo ya no tienen beneficios ni permiso de trabajo en México, los pierden al pedir ayuda en otro país”, agrega Mujica. “Y Tijuana, además, es una zona de guerra tras la llegada de la Guardia Nacional de López Obrador. Y los migrantes retornados vuelven a un clima repleto de hostilidades porque aquí en Tijuana ya no quieren más mas migrantes y los corren”.
“Si ven que son hondureños los persiguen. Muchas de las familias quedan a la intemperie, en la calle, sin manera de garantizar que regresarán a las cortes de Estados Unidos porque no tienen cómo, ni tampoco asistencia legal. Nadie, ni en estados Unidos ni en México tienen compromiso con esta gente”, denunció el activista.
Con información de Univisión
