La abogada y analista política Bethy Arana se pronunció sobre el contexto político nacional tras la reciente aprobación de las reformas que permitirán a la diáspora salvadoreña contar con representación propia en la Asamblea Legislativa, al tiempo que confirmó su inscripción como precandidata a diputada por el partido FMLN en el departamento de Santa Ana.
Las declaraciones de Arana surgieron luego de que la Asamblea Legislativa aprobara reformas al Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, creando oficialmente la nueva circunscripción electoral para los salvadoreños residentes fuera del país, quienes ahora podrán elegir representantes propios dentro del órgano legislativo.
En el video difundido por un medio digital, Arana aseguró que en El Salvador existe actualmente una “crisis institucional y legal”, señalando presuntas vulneraciones a derechos humanos y cuestionando el funcionamiento de algunas instituciones estatales.
“Tenemos un ambiente político prácticamente violento”, expresó la abogada, quien además afirmó ser víctima constante de violencia digital.
Durante sus declaraciones, Arana sostuvo que, aunque reconoce como positivo el combate a las pandillas y la reducción de homicidios, considera que persisten problemas relacionados con derechos humanos, seguridad jurídica y protección hacia las mujeres.
“No basta con que se reduzcan los homicidios. El Salvador hay que darle seguridad jurídica porque un país que no tiene seguridad jurídica no tiene nada”, afirmó.
La también precandidata señaló que su intención de participar en política surge ante lo que considera un deterioro institucional en el país. Según el medio que difundió sus declaraciones, Arana busca llegar a la Asamblea Legislativa para “devolverle al pueblo lo que, según ella, le ha sido arrebatado durante el actual gobierno”.
Su aspiración política ocurre en medio del complejo escenario electoral que enfrenta el FMLN, partido que en los últimos años ha sufrido una fuerte reducción de respaldo ciudadano, pérdida de representación legislativa y debilitamiento territorial tras haber sido una de las principales fuerzas políticas del país durante más de una década.
