“Sala de lo Constitucional, controla a los controladores”

Por: Francisco José Ferman

La Constitución de la República de El Salvador, cuenta con reglas políticas para controlar el poder; para que funcione el sistema democrático, uno de sus efectos es la renovación de los funcionarios públicos que han sido electos por elecciones de primero o segundo grado y que también constituye un control político. En tal sentido la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, es el acto político por excelencia, ya que dicha sala, controla a los controladores, por un período de 9 años. Ante tales circunstancias, es de entender con pensamiento político, cómo los intereses políticos juegan su propio rol.

Considerando que la Sala de lo Constitucional, controla al poder ejecutivo, legislativo y todas las actuaciones administrativas del Estado. Cuando me refiero a intereses políticos, hablo de intereses de la pura esencia del poder. El atraso de la elección de dichos magistrados, se debe de enfocar más bien, entre otras cosas, en la falta de capacidad de negociación de los diputados de la Asamblea Legislativa, cuando digo esto es de resaltar que no se habla de cuotas de poder, o sea repartir la Sala de lo Constitucional en relación al número de diputados que representan a un partido determinado; En el arte de negociar, cuando se negocian posiciones políticas y no intereses nacionales, las negociaciones se estancan.

Pretender que se van a elegir magistrados por mérito, eso es ilusorio, el poder es el poder, se negocian posiciones políticas, porque el poder se ejerce pensando, pero se ejecuta actuando, ahora bien, hay que entender también, que las negociaciones para elegir esta clase de funcionarios no son en el seno de la Asamblea Legislativa, todo se negocia extra poder, por los grupos que ejercen el Poder Real.

Lo que se denota de estas circunstancias políticas, es que es necesario revisar el proceso de elección de magistrados y de otros funcionarios como el Fiscal General de la República, miembros de la Corte de Cuentas, etc., mediante nuevas reglas del juego y del juego mismo; logrando así emitir una legislación que regule cada caso en concreto. También hay que tomar en cuenta que en la coyuntura política estamos en un proceso de la Sucesión presidencial 2019-2024, por consiguiente el partido del gobierno actual del FMLN está debilitado electoralmente por diversas razones, sean el contexto internacional, su candidato, actos de corrupción, impunidad, gestión oscura en el manejo de fondos públicas y demás, lo que hace evidente la perdida de la presidencia de la República del próximo año, y consecuentemente del poder político; a raíz de su mala gestión, el gobierno del FMLN tendrá probablemente como consecuencia ser procesados ante los tribunales salvadoreños.

Por otra parte, la alianza FMLN-GANA únicamente en lo que se refiere a la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y Civil, hacen una mancuerna política, que se arropan sus intereses, el FMLN por las razones expuestas, y GANA ante una inconstitucionalidad por no reunir los requisitos constitucionales el posible candidato de Gana-Nuevas Ideas, que será Nayib Bukele. También que la Sala de lo Constitucional se encuentre acéfala, beneficia al FMLN y al Presidente Sánchez Cerén mediante el veto presidencial, lo que da la impresión como si este funcionario se haya tomado las atribuciones de la Sala de lo Constitucional, al no haber otra instancia para conocer de los procesos de inconstitucionalidad, es importante que en la plenaria de este día precedida por la Asamblea Legislativa, lograr la superación del veto.

Hay un tema además importantísimo que se trata de la soberanía nacional, por el estatus jurídico de los inmuebles en las islas que rodean al Golfo de Fonseca, y que intereses extranjeros pretenden ocuparlos.

Para finalizar, por el momento la elección de la Sala de lo Constitucional es una expresión de poder, donde se manifiesta la gravitación del poder político, y además constituye un enigma en el ejercicio del poder, lo cual se complica si se toma en cuenta que: “en cuanto más poder se posee, es mayor el riesgo de encontrarse dominado por el mismo”, en ese sentido, se genera abuso del poder; por lo tanto se configura también el desvío de poder de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones administrativas.