La justicia salvadoreña inició este viernes el proceso sancionatorio en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal, por incumplir sentencia que mandata recontratar a empleados municipales despedidos hace dos años sin haberles seguido el debido proceso.
«Se me informa en este momento por trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla, la notificación del tribunal. 1- Dan por incumplida la sentencia de reinstalos; 2- Ordenan al director ejecutar de inmediato la sentencia; y 3- Se inicia trámite sancionatorio contra d’Aubuisson y su Concejo», dio a conocer el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
El funcionario ha interpuesto en las últimas semanas dos avisos a la Fiscalía General de la República (FGR) por actuar de manera pasiva contra el alcalde de ARENA y su concejo quienes tienen que cumplir una orden «inapelable» de la Corte Suprema de Justicia, que les ordena reinstalar a los afectados, pagarles los salarios que han dejado de percibir por estos dos años, y otras prestaciones.
«Creo esto esperaba la Fiscalía para actuar, insisto que en cualquier parte del mundo no cumplir orden judicial es un delito grave y d’Aubuisson y su Concejo Municipal ya estuvieran tras las rejas, esperemos ya mañana en base a esta resolución proceda la Fiscalía», agregó Castro, quien ha resaltado que este caso no lo sigue como sindicalista, sino «como ministro de Trabajo», respaldado por las leyes de la República.
«El alcalde privatizó la recolección y barrido de calles, despidió a gente humilde, trabajadora, despidió a personas barrenderas (…) todas esas personas pusieron las demandas en los tribunales y las han ganado en primera fase y en segunda fase», señaló el funcionario a finales de 2019 mientras se preparaba para poner una demanda en contra de d’Abuisson.
En septiembre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó al concejo municipal tecleño el reinstalo de los trabajadores que fueron despedidos ante la entrada del proyecto «Teclaseo», a cargo de una empresa colombiana para recolección de los desechos sólidos, pero hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a dicha resolución judicial.
Del mismo modo, Castro recordó que existe otra demanda en contra del alcalde por retención de cuotas sindicales a miembros del SITRAMSAT y que, pese a haber sido acusado formalmente ante la Fiscalía y que fue enviado a la fase de instrucción, este no ha cancelado las cuotas.
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Esta obligado a cumplir la ley, aunque el 2021 lo sacaremos por corrupto arenaco.
Muy bien, pero. ..todos en la cama o todos en el suelo, le aplicaran la misma justicia al señor de capres que dejó sin trabajo a más de 8000 personas
En este paisito tiene que acabarse la impuniad y este es el tipo para que sirva de ejemplo
A donde vamos con esta clase de fiscal,,renuncie amigo pero no ponga su cara,tenga dignidad,por unos cuantos centavos…que tanta necesidad…
SEÑORES, ESTO NO ES LO MISMO QUE HIZO EL PRESIDENTE¡¡ DESPIDIO GENTE QUE NO TENIA QUE ESTAR AHI¡¡Y ESE NO ES EL PROBLEMA…AQUI HAY UNA RESOLUCION DE LA SALA…PORQUE NO SE APLICA LA LEY?? PARA UNOS SI, A OTROS NO?? SEÑOR FISCAL QUE ESPERA??