La justicia salvadoreña inició este viernes el proceso sancionatorio en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal, por incumplir sentencia que mandata recontratar a empleados municipales despedidos hace dos años sin haberles seguido el debido proceso.
«Se me informa en este momento por trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla, la notificación del tribunal. 1- Dan por incumplida la sentencia de reinstalos; 2- Ordenan al director ejecutar de inmediato la sentencia; y 3- Se inicia trámite sancionatorio contra d’Aubuisson y su Concejo», dio a conocer el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
El funcionario ha interpuesto en las últimas semanas dos avisos a la Fiscalía General de la República (FGR) por actuar de manera pasiva contra el alcalde de ARENA y su concejo quienes tienen que cumplir una orden «inapelable» de la Corte Suprema de Justicia, que les ordena reinstalar a los afectados, pagarles los salarios que han dejado de percibir por estos dos años, y otras prestaciones.
«Creo esto esperaba la Fiscalía para actuar, insisto que en cualquier parte del mundo no cumplir orden judicial es un delito grave y d’Aubuisson y su Concejo Municipal ya estuvieran tras las rejas, esperemos ya mañana en base a esta resolución proceda la Fiscalía», agregó Castro, quien ha resaltado que este caso no lo sigue como sindicalista, sino «como ministro de Trabajo», respaldado por las leyes de la República.
«El alcalde privatizó la recolección y barrido de calles, despidió a gente humilde, trabajadora, despidió a personas barrenderas (…) todas esas personas pusieron las demandas en los tribunales y las han ganado en primera fase y en segunda fase», señaló el funcionario a finales de 2019 mientras se preparaba para poner una demanda en contra de d’Abuisson.
En septiembre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó al concejo municipal tecleño el reinstalo de los trabajadores que fueron despedidos ante la entrada del proyecto «Teclaseo», a cargo de una empresa colombiana para recolección de los desechos sólidos, pero hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a dicha resolución judicial.
Del mismo modo, Castro recordó que existe otra demanda en contra del alcalde por retención de cuotas sindicales a miembros del SITRAMSAT y que, pese a haber sido acusado formalmente ante la Fiscalía y que fue enviado a la fase de instrucción, este no ha cancelado las cuotas.
OTRAS NOTICIAS SOBRE EL MISMO TEMA:
MOMENTO, AQUÍ PROCEDE LA ORDEN DE CAPTURA Y SANCIÓN MONETARIA. A OTROS ALCALDES SE LE APLICA Y PORQUE A ÉSTE NOO SE LE APLIVA.
Y el montón de gente que despidió bukele que solo por llevar apellido parecido las enfermeras de capres y los policías que los dejó sin trabajo que paso
Ese ministro Castro mas preocupado por joder al alcalde de Santa Tecla que el velar que el gobierno de Bukele le pague a los empleados de salud que tienen dos meses sin salarios. Es un hipócrita, incapaz y aprovechado de su cargo.
A ver como se defiende ese Resentido Social que se la pica de político pero solo es un pistolero con Tacones, destapen las atrocidades de esta mascota Arenazi!!!
ES LA LUCHA ENTRE EL OSCURANTISMO Y LA INSTITUCIONALIDAD: 1) en casi increible que el hijo del finado «mayor darwinson» crea que puede estar sobre la ley, apoyado por el fiscalucho. 2) DEBEN DESPERTAR, LAS RUINAS ESCUADRONERAS, SON ESO, RUINAS. VAÁ!!
Una pregunta Don Ministro Jardinero, y a los despedidos de CAPRES incluyendo al personal de la clínica también los está apoyando?
Por lo que veo Dawison necesita un buen abogado, creo que se puede llevar a Raul Melara
Dide el minstro » insisto que en cualquier parte del mundo no cumplir orden judicial es un delito grave», igual que inclumplir sentencias de la Sala,al menos tiene claro lo que ha hecho Bukele. ¿O ese principio solo lo gritará a los 4 vientos contra