La prevención de covid-19 no justifica el abuso de poder

Por: Fredis Pereira

Nadie en su sano juicio quiere morir, queremos prevenir las enfermedades, porque queremos vivir en completo bienestar. Todas las instituciones del Estado deben coordinar su actividad en pro del bienestar de los ciudadanos, así como manda la constitución en su artículo uno: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”.

Sin embargo, el bien común no puede definirlo de forma arbitraría un gobernante. El bien común debe ser definido por la ley, previniendo abusos de poder. En este esfuerzo la humanidad ha creado la base científica del derecho y la administración pública para asegurar el bien común, que se concretiza en derechos y libertades, en bienes y servicios para satisfacer las necesidades. El bienestar no surge del azar, sino de un marco institucional articulado; dentro de los cuales se encuentra la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Presidencia y los ministerios, entre otros.  

Las acciones de las instituciones para procurar el bien común deben ser licitas. Esto significa que las acciones al margen de la ley son negación del bien común. Así, por ejemplo, nadie puede en nombre de la salud desobedecer las sentencias de la Sala de lo Constitucional, sobre todo cuando su mandato es cumplir la cuarentena domiciliar obligatoria, prohibir el abuso de poder de un gobernante y resaltar la necesidad de una ley para respaldar las actuaciones. Una lectura enfermiza de una sentencia puede llevar a interpretar ese mandato como una orden de matar al pueblo, pero esa forma de leer una orden del máximo tribunal de El Salvador es un desvarío de autoritarismo, que pone en riesgo el bien común.

La cuarentena es una medida preventiva que procura el bien común si tiene base científica. La base científica no es el antojo de un gobernante acostumbrado al abuso, sino aquella que considera el periodo de incubación y el ciclo de replicación del virus; así, por ejemplo, la canciller de Alemania, Angela Merkel, estuvo en cuarentena por 14 días por haber estado expuesta al contagio de covid-19. En El Salvador en cambio, existen cientos de personas encerradas lejos de sus familias, y algunas por más de 30 días, sin tener ninguna certeza de su exposición al contagio o de estar enfermas, solo porque el gobierno tiene el poder de las armas para someterlos a su antojo. El hecho que la canciller estuviera 14 días en cuarentena, no se debe a su estatus social, a su nacionalidad, a la cultura alemana, ni a su rol de gobierno; sino porque en la mayoría de los casos de personas enfermas de covid-19 presentan síntomas en 10 días. Un gobierno que procure el bien común, no puede mantener a nadie en encierro indefinido, sin hacerles pruebas clínicas e informarle los resultados, a las cuales por ley tiene derecho; porque privarles de este derecho, es una forma de torturar y de matar con dolor innecesario al pueblo.

Ahora bien, procurar la salud como bien común debe hacerse con alternativas viables. El presidente ha sugerido que la vida no se puede recuperarse y la economía sí. Esta forma de pensar se sustenta en la economía del rico y privilegiados, aquellos que acumulan dinero en los bancos, que tienen propiedades y empresas, que tiene las comodidades para estar en casa por un buen tiempo sin trabajar y poner en riesgo la vida, que tienen un empleo estable en el sector formal de la economía de la gran empresa o del sector público. En la economía del pobre, los que dependen de trabajo por cuenta propia y de microempresas, en cambio, saben que su economía es de subsistencia, que un día sin trabajar pone en riesgo su salud y la de su familia, que no es viable estar encerrado sin trabajar por tiempo indefinido, porque esa es otra manera de perder la salud y la vida, y que un subsidio que les excluye profundiza esta precariedad.

Entonces, la prevención que necesitamos es basada en la solidaridad, en el dialogo y en la empatía con los más vulnerable, para eso el gobierno debe abandonar el poder por las armas, y volver al régimen democrático; que pone en el centro a la persona humana y el bien común basado en la ciencia y las leyes. Todavía hay tiempo señor presidente, usted está joven, es su primer año de gobierno.