El Gobierno del Presidente Nayib Bukele trabaja para que la población salvadoreña tenga una vivienda segura y digna con las condiciones habitacionales necesarias, en fiel cumplimiento de sus derechos como consumidores y buscar así un desarrollo pleno para las familias.
Dentro de este marco, la Mesa de Casos Colectiva realiza un trabajo conjunto entre la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Vivienda y el Centro Nacional de Registros (CNR) para garantizar que aquellos salvadoreños que han adquirido su parcela, lote o terreno obtengan, conforme a lo que dicta la ley, su respectiva escritura de propiedad.
“Esa problemática que llega a presentar una persona, consultando qué se puede hacer, la tomamos y hacemos una visita a la comunidad y les preguntamos si están pasando por lo mismo, generalmente así sucede, y logramos colectivizar los casos”, dijo el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
De acuerdo con la ley vigente en el país, el titular de la Defensoría del Consumidor puede representar a un colectivo de consumidores, medio con el cual se ha logrado resolver la problemática que representa para las familias salvadoreñas no tener la escritura de propiedad de su parcela, lotificación o terreno.
Con estas acciones, el Gobierno del Presidente Bukele apoya a las familias salvadoreñas que no poseen seguridad jurídica, en cuanto a propiedades habitacionales. “Eso nos ha permitido atender a más de 5,900 familias, logrando una recuperación que supera los $16 millones”, puntualizó Salazar.
![Defensoria del Consumidor](https://www.defensoria.gob.sv/wp-content/uploads/2022/08/DSC_1140-scaled.jpg)
La no entrega de las escrituras de propiedad impide a las familias salvadoreñas hacer modificaciones o adecuaciones a la vivienda, e incluso construir dentro de la propiedad que ya cancelaron a la empresa lotificadora.
En dicha Mesa de Casos Colectiva también participa la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la República (FGR), gracias a un convenio firmado en el 13 de enero pasado, liderado por el Gobierno del Presidente Bukele, con el objetivo de atender la problemática de irregularidad de las parcelaciones y lotificaciones de uso habitacional en el país.