La Cámara Ambiental de Segunda Instancia con sede en el Centro Judicial de Santa Tecla, declaró no ha lugar la recusación presentada por la apoderada legal de la Inversiones e Inmobiliaria Fénix S.A de CV, contra la Jueza Ambiental de Santa Ana, quien tiene bajo su conocimiento el proceso judicial de medidas cautelares, sobre la construcción de la residencial Acrópoli, en la cabecera departamental de Sonsonate.
La construcción está en suspenso desde marzo de 2018, por una sentencia de ese mismo tribunal ambiental.
El proyecto tiene un costo de 20 millones de dólares de inversión, y con la construcción de 643 viviendas, al momento de la suspensión de las obras, las residencias estaban en un 80 por ciento de avance.
Sobre el proyecto habitacional, la Secretaría de Cultura ha argumentado que las más de 20 manzanas de terreno, donde se construye el proyecto, albergan vestigios del sitio arqueológico Tacuscalco.
En su resolución, la Cámara Ambiental señala que “la jueza como directora del proceso, está habilitada para conducir las causas conforme a los tramites legalmente establecidos, en consecuencia, la simple inconformidad con lo resuelto por la Juzgadora, por el hecho que no accedió a las pretensiones de la abogada recusante o resolvió contrario a sus intereses, no es motivo para separar a la misma del conocimiento del caso planteado, ya que dichas resoluciones, pudieron haber sido sometidos a los medios impugnativos que la ley permite respecto de cada una de ellas”.
Por su parte la apoderada de la empresa constructora, señaló en la recusación presentada ante la Cámara, que la jueza Ambiental ha emitido resoluciones contradictorias, lo cual vulnera la seguridad jurídica de su representada, añadiendo que las mismas no tienen asidero legal y que obedecen a un mero cambio de opinión por parte de dicha juzgadora. Así como también, que las resoluciones de la jueza respecto a las medidas cautelares carecen de presupuestos procesales, y evidencian arbitrariedad y motivaciones personales, entre otros.
Tras la decisión de la Cámara, la jueza ambiental de Santa Ana seguirá conociendo sobre el proceso judicial de medidas cautelares, iniciado por denuncia del señor Alonso Ramos, en calidad de presidente de la Asociación Agropecuaria «Pescadito de Oro”.
