Obreros salvadoreños en Washington enfrentan la deportación

Unos minutos antes de ir a trabajar en las profundidades debajo de las calles de Washington, los trabajadores de construcción salvadoreños repasaron los proyectos que habían terminado para los residentes de la ciudad: túneles de aguas pluviales, nuevas líneas de metro y estaciones de tren, así como transporte para pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles.

Ahora, estos trabajadores corren el riesgo de perder su empleo y ser expulsados de Estados Unidos. Se encuentran entre los 400.000 migrantes de seis naciones cuyos estatus legales de inmigración, otorgados debido a la violencia o los desastres ambientales en su tierra natal, fueron revocados el año pasado por el gobierno del presidente Donald Trump, que argumenta que las condiciones en esos países han mejorado lo suficiente como para que regresen.

Lorenzo Flores

La decisión del gobierno tendrá repercusiones económicas en otras ciudades, pero pocas la resentirán de manera tan directa como Washington. Aproximadamente, una quinta parte de los trabajadores de construcción de la capital están debido al programa, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).

Los contratistas, que ya están enfrentándose a una escasez de mano de obra, advierten que los proyectos se retrasarán y los costos podrían elevarse si los trabajadores son enviados de vuelta a casa o terminan quedándose de manera ilegal. La mayoría es de El Salvador; otros pocos son de Honduras y Nicaragua.

«Si los perdemos, no será fácil remplazarlos», dijo Rick DiGeronimo, vicepresidente de Independence Excavating, una constructora con sede en Cleveland que tiene varios proyectos en el área de Washington. Cerca de una tercera parte de sus trabajadores tiene estatus de protección temporal. «Tendríamos dificultades para terminar algunos de nuestros proyectos porque no hay trabajadores de esta calidad aquí», admitió.

El sector de la construcción resultó atractivo para los recién llegados de El Salvador porque el empleo no requería de que tuvieran aptitudes especiales ni que supieran inglés, explicó Abel Núñez, director ejecutivo de Carecen, una organización de servicios sociales para inmigrantes latinos. «La industria de la construcción estaba en auge y estas personas querían trabajar», relató.

El estatus de protección temporal no es una vía para obtener la ciudadanía, pero la mayor parte de estos trabajadores nunca pensó que podría enfrentarse a la deportación. Muchos de ellos han vivido en Estados Unidos de manera legal desde hace casi dos décadas. Algunos han comprado casas y autos, y llevan vidas establecidas en la clase media. Muchos tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.

Casi 46.000 personas forman parte del programa en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, de acuerdo con el Center for American Progress, un grupo liberal que se opone a la medida del gobierno de Trump. En general, el área de Washington alberga a unos 200.000 salvadoreños, el grupo más grande de residentes nacidos en el extranjero que viven en la región.

«No tiene ningún sentido», afirmó Alexander Garray, quien tiene el estatus de protección temporal y pasa sus días a más de 30 metros bajo tierra en Washington, donde perfora un enorme túnel para alcantarillado y paso del agua que ayudará a limpiar los ríos de la región. «Pago mis impuestos, nunca he tenido problemas con la ley, y soy propietario de una casa. No entiendo por qué están tratando de echarnos».

Alexander Garray

La construcción no es la única industria fuertemente dependiente de los inmigrantes que tiene una posición frágil en Estados Unidos. Ellos también conforman gran parte de la fuerza laboral en el procesamiento avícola, el empaque de productos cárnicos, la fabricación de textiles y los servicios alimentarios. En agosto, agentes federales de migración hicieron redadas en varias plantas avícolas en Misisipi en las que arrestaron a casi setecientas personas sospechosas de no contar con documentos para estar en el país.

La decisión de deportar a los trabajadores que han estado viviendo aquí de manera legal bajo el estatus de protección temporal le parece irónico a Dennis Desmond, un dirigente sindical, ya que algunos de ellos han sido contratados para trabajar en zonas delicadas como Fort Meade, Maryland, las oficinas centrales de la Agencia de Seguridad Nacional.

«Se les ha permitido trabajar en proyectos críticos, pero ahora es como si no fueran dignos de quedarse en el país», opinó Desmond, gerente comercial del Local 11 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica. Estimó que el 20 por ciento de los miembros de su sindicato estaban en Estados Unidos gracias al programa de estatus de protección temporal.

El origen del programa se remonta al apoyo que dio Estados Unidos al gobierno de derecha de El Salvador durante la guerra civil que vivió el país en la década de los ochenta, de acuerdo con el representante demócrata de Massachusetts, Jim McGovern.

Como miembro del personal del congreso en ese entonces, McGovern ayudó a elaborar la legislación que creó el programa como parte de la ley de inmigración de 1990. «Estábamos apoyando a un gobierno y a un ejército que eran responsables de gran parte de la violencia», comentó McGovern. «Teníamos la sensación de que no estábamos haciendo lo suficiente para ayudar a la gente que estaba atrapada en medio».

Cuando acabó la guerra civil en 1992, el estatus de protección expiró, pero se renovó después de que una serie de terremotos devastadores golpearon a El Salvador en 2001.

Los originarios del país centroamericano ahora conforman el 60 por ciento de los beneficiarios del estatus de protección temporal, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso.

El Salvador fue el primero, pero con el tiempo el programa se extendió a ciudadanos de diez países más, la mayoría en Centroamérica, Medio Oriente o el este de África. Los solicitantes deben estar en Estados Unidos para ser beneficiarios cuando la gente de su país ha sido designada para recibir el estatus de protección.

Los gobiernos republicanos y demócratas extendieron el programa periódicamente y aquellos que tenían el estatus de protección temporal por lo general lo renovaban cada dieciocho meses.

Sin embargo, el año pasado, el gobierno de Trump decidió finalizar el estatus de protección para los inmigrantes provenientes de seis de los países —El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán— con el argumento de que nunca estuvo destinado a proporcionar un refugio permanente. En el caso de El Salvador, el Departamento de Seguridad Nacional concluyó en enero de 2018 que las condiciones que imperaban en 2001 «ya no existen».

«Muchos proyectos de reconstrucción ya se han completado», declaró el departamento. «Las escuelas y los hospitales dañados por los terremotos se han reconstruido y reparado, los hogares se han recuperado y se han proporcionado fondos para los servicios de agua y saneamiento».

No obstante, los trabajadores dicen que para ellos y para sus hijos es impensable irse a El Salvador, donde prevalece la pobreza y la violencia pandillera. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) persuadieron a un juez federal en San Francisco para que emitiera una orden judicial preliminar en octubre con el fin de bloquear la deportación.

El gobierno de Trump ha apelado este dictamen y los expertos jurídicos dicen que el asunto podría terminar en la Corte Suprema. El mes pasado, en una audiencia del tribunal federal de apelaciones, beneficiarios del TPS llenaron una sala en Pasadena, California, y los jueces plantearon preguntas difíciles para ambos lados.

Por ahora, cualquier medida del gobierno para deportar a los trabajadores protegidos no puede entrar en vigor hasta el próximo año.

«La ley es clara sobre el hecho de que el gobierno tiene la autoridad» para finalizar el estatus de protección temporal, dijo Tom Jawetz, vicepresidente de políticas migratorias en el Center for American Progress. «Pero también es clara en cuanto a qué factores deben considerarse al tomar esas decisiones. Los demandantes han establecido un argumento sólido de que este gobierno está buscando un resultado predeterminado».

En junio, la Cámara de Representantes aprobó una legislación que permitiría que aquellos que ya son beneficiarios del programa solicitaran la residencia permanente, pero es poco probable que el proyecto de ley sea aprobado en el Senado, controlado por los republicanos.

Éver Guardado

Éver Guardado, de 38 años, llegó a Estados Unidos proveniente de El Salvador de manera ilegal a través de México en 2000, tras no encontrar trabajo en su país. Cuando el gobierno ofreció el estatus de protección para los salvadoreños al año siguiente, él se inscribió al programa.

Guardado mencionó que la decisión del gobierno de terminar con el estatus de protección había puesto su vida en un limbo. «Jamás pensé que me lo quitarían», comentó. «Ahora tengo miedo a diario».

A pesar de que no tenía experiencia en la construcción —en su país se dedicaba a la agricultura— otros inmigrantes salvadoreños lo ayudaron a encontrar trabajos en obras. «Me di cuenta de que podía ganar dinero», relató Guardado.

«Pensé que estaría seguro para siempre», explicó. Gana casi 30 dólares la hora en proyectos de transporte, tiene una casa en Sterling, Virginia, y tres hijos, que son ciudadanos estadounidenses.

En el ámbito nacional, la construcción es el segundo mayor empleador de los beneficiarios del programa, pues da trabajo a unas 44.000 personas. El único sector que la supera es el del mantenimiento de edificios y terrenos.

Tomado de Infobae