La jueza Laurel Bauer, de la Corte de California (Estados Unidos), decidió suspender por siete días el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), cuya defensa busca la suspensión completa del mismo a través de un habeas corpus que debe ser resuelto por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Con ello, el exmandatario busca librarse de una acusación por presunto lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
Toledo elevará el requerimiento de suspensión en el Noveno Circuito “a más tardar” este lunes 27, de acuerdo con la resolución que detalla esta maniobra legal no cuestionada por el Gobierno estadounidense.
Para ese mismo día, Bauer había programado la audiencia para evaluar la suspensión de la extradición.
La fecha se determinó en una reunión desarrollada en esta jornada donde estuvo Rebecca Hacinski, representante del Departamento de Justicia de EE. UU., y Tamara Crepet, nueva defensora pública asignada al exjefe de Estado acusado de recibir millonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Crepet solicitó que se reprograme la audiencia y se mantenga la suspensión de extradición hasta que la jueza tome una decisión. El pedido fue aceptado.
El factor Castillo
A través de sus abogados públicos, Toledo ha alegado que, desde la negativa inicial de su habeas corpus, “las circunstancias han cambiado” en el Perú, sobre todo tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo.
“Las condiciones en Perú se han vuelto considerablemente más peligrosas. La destitución [de Castillo] ha resultado en una declaración prolongada de Estado de Emergencia; la suspensión de derechos constitucionales cruciales; y protestas violentas, acompañadas de respuestas aún más violentas de la policía”, argumentó el exmandatario, según un documento difundido por El Comercio.
Los letrados también indicaron que Toledo “sufrirá un daño irreparable” ante su edad (76 años) y por las “condiciones penitenciarias deficientes en el Perú”. La Fiscalía del Distrito Norte de California pidió el miércoles su captura para poder entregarlo a las autoridades peruanas.
En concreto, Toledo enfrenta una acusación por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
Toledo ya fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel y pasar al arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia.
En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dio luz verde a su extradición a Perú, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken.
“Inexorable”
Para la Fiscalía peruana, es “inexorable” la extradición, pese a la apelación presentada ante la Corte del distrito Norte de California para pedir la suspensión del proceso. ”Creo que la decisión ya es inexorable, de la entrega del señor Toledo los próximos días”, dijo a Canal N el fiscal coordinador del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato, Rafael Vela.
Vela señaló, sin embargo, que es “difícil” estimar el tiempo exacto que demorará la entrega del exgobernante, pero calculó que podría concretarse en marzo próximo.
