Cientos de policías fueron desplegados este martes en Honduras al entrar en vigencia el «estado de excepción» decretado por el Gobierno para enfrentar a los pandilleros, que aterrorizan las barriadas pobres de las principales ciudades.
En una ceremonia en un polvoriento campo de fútbol de la residencial La Alemán, en el sur de la capital, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, ordenó a 600 oficiales y agentes iniciar el despliegue hacia barrios de la ciudad controlados por estas bandas.
Esta operación «es para hacerle frente a las estructuras criminales llamadas Pandilla 18 y MS-13», en referencia a Mara Salvatrucha-13, así como a otras «estructuras del crimen organizado que se dedican a la narcoactividad», dijo el director en rueda de prensa, antes del despliegue.
«En las entradas de las colonias (barrios) hay operativos de agentes de la policía para revisar a los ciudadanos que circulan por la zona», dijo el diario local La Prensa, que reportó varias calles desoladas en San Pedro Sula.
Citando una fuente policial, el rotativo agregó que los ciudadanos que no portaban documento de identidad eran llevados a las estaciones policiales.
Garantías constitucionales suspendidas hasta el 6 de enero
El pasado jueves, la presidenta Xiomara Castro anunció «un estado de excepción» en el marco de «una emergencia nacional» para combatir a las pandillas, ante la constante presión de la ciudadanía, que reclama seguir el ejemplo del vecino El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele logró reducir la acción de estos grupos amparado en un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial.
Un decreto aprobado por Castro anotó que «en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados (…) se resuelve: suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República».
A la Policía Nacional «se le faculta para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes» en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula entre el 6 de diciembre y el 6 de enero próximo, establece el decreto.
El estado de excepción «está bien por la inseguridad. A mí me asaltaron, me pusieron una pistola en la cabeza y me quitaron el celular. Avisé a la policía y no hicieron nada», dijo a la AFP la vendedora de una tienda del barrio La Alemán, que se identificó como Victoria Ruiz, de 35 años.
