La violencia contra las mujeres en Costa Rica ha alcanzado niveles preocupantes en este 2025; con apenas tres meses, el país registra la muerte de 15 mujeres víctimas de femicidio, lo que equivale a un asesinato cada seis días, según datos de un medio nacional del país vecino
Este fin de semana, dos nuevos crímenes consternaron al país: Amaly y Marcela fueron asesinadas en hechos violentos ocurridos en las Vueltas de La Cruz, provincia de Guanacaste, y Taras de San Nicolás, ciudad de Cartago, respectivamente. Sus nombres se suman a una lista que nunca había crecido tan rápido en tan pocos días del año.
Las circunstancias de estos femicidios reflejan una violencia extrema, por lo que las autoridades han catalogado estos crimines como un odio propio hacia el género. El cuerpo de Marcela Hernández fue encontrado enterrado y calcinado en una finca, mientras que en el caso de Amaly, el principal sospechoso es un joven de apenas 17 años, quien permanece prófugo.
Autoridades locales y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el incremento de la violencia machista es una señal de alarma sobre graves problemas estructurales en la sociedad costarricense. Especialistas aseguran que la normalización de la violencia en los entornos familiares y la falta de acciones comunitarias están contribuyendo a estas tragedias que cada vez están siendo más populares.
De los 15 feminicidios registrados en 2025, 12 de los sospechosos eran parejas o exparejas de las víctimas, uno era un conocido y en dos casos los agresores eran hijos de las mujeres asesinadas.
Mientras tanto, la Fiscalía informó que el sospechoso del crimen de Marcela, de nacionalidad nicaragüense y con 45 años, permanecerá un año en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra.
La violencia de género en Costa Rica no solo deja víctimas fatales, sino también un profundo impacto en las familias, los hijos y la sociedad en su conjunto. Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, protección y justicia para evitar que esta espiral de violencia continúe creciendo.
