El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó hoy a las autoridades de EE.UU. para iniciar el proceso de extradición a su país, en donde enfrentará una serie de juicios por presunta corrupción.
Toledo debía llegar de manera voluntaria a las 9 de la mañana (hora local) a la Corte de Justicia situada en la localidad de San José, empero llegó minutos después.
Medios locales informaron que Toledo ingresó por un edificio distinto, lo que generó zozobra entre los periodistas que estaban en la Corte de Justicia. Fuentes de la Cancillería peruana confirmaron que ya está en manos de las autoridades estadounidenses.
Ahora está previsto que sea trasladado a la prisión de San Mateo, donde esperará recluido hasta su extradición a Perú.
De esta forma terminan cuatro años de un largo proceso en el que Toledo primero fue considerado prófugo de la justicia y luego, cuando lo detuvieron por primera vez en California, comenzó una larga estrategia de dilaciones para evitar su regreso a Perú.
A sabiendas de que ya se habían agotado las instancias judiciales, el exmandatario reveló que se entregaría este viernes por la mañana.
«No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel y no sé quiénes van a venir a recogerme de Perú, lo único que le pido a la justicia es que no me maten en la cárcel, déjenme luchar con nuestros argumentos», señaló en una entrevista .
A sus 77 años, este economista se sentará en el banquillo de los acusados para responder a los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Si es encontrado culpable, se arriesga a recibir una pena de hasta 20 años de prisión.
El exmandatario está involucrado en dos causas. La primera se refiere al «Caso Ecoteva», llamado así porque ese era el nombre de una de las empresas que presuntamente Toledo y su esposa, Eliane Karp, crearon en Costa Rica para lavar millones de dólares.
La segunda causa investiga el «Lava Jato», uno de los mayores escándalos de corrupción trasnacional de las últimas décadas, que demostró que la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos a políticos en varios países de América Latina para obtener contratos de obras públicas.
En el caso de Toledo, está acusado de haber recibido por lo menos 31 millones de dólares mientras fue presidente (2001-2006), por lo que la Fiscalía ya solicitó una condena de 20 años y seis meses de cárcel.
Prontuario
En 2017, cuando ya habían sido procesados, Toledo y Karp huyeron a EE.UU., por lo que la Justicia peruana los consideró prófugos hasta que, el 16 de julio de 2019, el expresidente fue detenido en California por los cargos que pesaban en su contra por las coimas de Odebrecht.
Como su esposa sólo está involucrada en la causa Ecoteva y no en el «Lava Jato», permaneció libre, aunque también con pedido de extradición.
Desde entonces, además de alegar inocencia, la estrategia legal de Toledo se basó en evitar ser enviado de vuelta a su país. Tuvo éxito. Después de pasar ocho meses en prisión, logró la libertad bajo fianza y así se mantuvo durante tres años.
El cerco judicial en su contra comenzó a cerrarse el pasado 22 de febrero de este año, cuando el Departamento de Estado de EE.UU. concedió la extradición, lo que marcó el inicio de idas y vueltas judiciales que suspendieron o reanudaron este fallo.
Toledo argumentó que en Perú podría sufrir una prisión preventiva prolongada, posible abuso u otro trato ilegal y violaciones del debido proceso, ya que el sistema judicial de su país carece de independencia e imparcialidad.
La jueza principal del Tribunal en EE.UU. para el distrito de Columbia, Beryl Howell, rechazó su demanda, por lo que la extradición ya parecía inminente. De hecho, a principios de abril el juez Thomas S. Hixson, de la Corte Federal del Distrito Norte de California, ordenó que el expresidente se entregara a la justicia.
A último momento, Toledo logró que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. le otorgara una «moción de emergencia» que retrasó durante dos semanas su extradición.
El plazo se cumplió este viernes, por lo que ya no tuvo más alternativa que entregarse a la justicia estadounidense para obedecer la orden que esta semana le dio el juez federal Thomas S. Hixson.
