EE.UU. y México habrían empezado conversaciones sobre un controvertido proyecto: la construcción de una megaestructura carcelaria para albergar a los temidos jefes del narco, que se han convertido en un problema para ambos gobiernos.
Según un reportaje elaborado por Milenio, el plan fue puesto sobre la mesa y ha ganado adhesiones en Washington, como una estrategia que puede ayudar a asestar duros golpes a esas organizaciones criminales, muchas de ellas declaradas recientemente como «terroristas» por EE.UU.
¿Cómo será?
En principio, el recinto se va a erigir en México, con asesoría de agentes especializados en este tipo de construcciones en EE.UU. El objetivo prioritario, según adelantaron las fuentes consultadas por el medio mexicano, es mantener a los capos sin ningún tipo de comunicación.
Para ello, se ha planteado que cuente con medidas de última tecnología que permitan inhibir la señal de teléfonos móviles y radios satelitales. Además, contempla una triple medida de protección perimetral, reforzada con guardias encapuchados que dirijan a los reos a juicios con magistrados ‘sin rostro’.
La idea es que los capos ni siquiera tengan comunicación durante sus audiencias judiciales, que se realizarían también en tribunales especializados dentro del recinto penitenciario. La cárcel también contaría con medidas de seguridad implementadas con uso de Inteligencia Artificial (IA) para detectar movimientos inusuales y hacer reconocimiento facial.
«En Washington no hay confianza en el Poder Judicial de México, tampoco en la seguridad de sus cárceles», dijo una de las personas consultadas, en condición de anonimato. Su opinión es que el proyecto podría servir para estrechar los lazos de cooperación en esta materia, en momentos en que las relaciones están condicionadas por la guerra arancelaria del presidente Donald Trump.
A juicio del mandatario republicano, México no hace lo suficiente para contener a los cárteles ni el tráfico de drogas, por lo que han decidido presionar a través del botón económico. Para el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, Trump le hace «un gran favor» a la nación latinoamericana con esta medida de fuerza.
«Creo que está haciendo un gran favor al pueblo de México, porque si no obtiene el control de estos cárteles, el pueblo de México se despertará en un narcoestado, donde los cárteles tienen más poder que su propio Gobierno», manifestó Vance el miércoles, en declaraciones a la prensa desde Eagle Pass.
Precedentes fallidos
No es la primera vez que se habla de edificar una cárcel de este tipo. De hecho, en 2009, se anunció la construcción de una prisión de máxima seguridad en Papantla, Veracruz, que pretendía superar las condiciones de reclusión de Altiplano o Almoloya. No obstante, aún no ha sido inaugurada.
Una las causas de desconfianza es la falta de control efectivo de los recintos penitenciarios, debido a que los capos los gobiernan de facto mediante complejas estructuras de poder que se infiltran incluso entre las autoridades. Ese manejo les asegura impunidad y hasta seguridad.
La idea que estaría evaluándose es la edificación de un recinto que ofrezca condiciones aptas para la reclusión de líderes del crimen organizado, que satisfaga las ‘exigencias’ del socio estadounidense, un proyecto similar que ya ha sido ordenado por otro país de América Latina: El Salvador.
Modelo Bukele
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha ofrecido a EE.UU. recluir en una de sus ‘megacárceles’ a criminales de alta peligrosidad a cambio de un pago, es decir, una subcontratación. La propuesta salió a raíz de una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, a principios del mes pasado.
«Estamos dispuestos a acoger únicamente a delincuentes convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra megaprisión (Cecot), a cambio de una tasa. La tasa sería relativamente baja para EE.UU. pero significativa para nosotros, haciendo sostenible todo nuestro sistema penitenciario», añadió el dirigente salvadoreño. La Casa Blanca eligió la propuesta, que Trump calificó de «generosa».
El Cecot es una prisión de máxima seguridad, con capacidad para 40.000 presidiarios, que se sitúa en el departamento de San Vicente, en la región central de El Salvador. Por ahora, ha sido considerada «la más grande» del continente por la administración de Bukele.
