El Tribunal Supremo de Estados Unidos, con mayoría conservadora, dio luz verde este lunes a la reanudación de redadas migratorias en Los Ángeles y el sur de California, tras levantar la medida cautelar que había bloqueado dichas operaciones.
La orden judicial, emitida en julio por la jueza federal Maame E. Frimpong, prohibía a los agentes realizar detenciones basadas únicamente en apariencia física, idioma, lugar de trabajo o presencia en zonas específicas, sin contar con una “sospecha razonable” de estatus migratorio irregular.
Con la decisión del Supremo, los agentes federales podrán llevar a cabo redadas más amplias, aunque el litigio continúa en las cortes de California.
Organizaciones de derechos civiles advirtieron que estas acciones pueden derivar en detenciones arbitrarias, incluso contra ciudadanos estadounidenses, mientras que el gobierno federal defiende la medida como parte de su política de control migratorio en una región donde se estima que el 10 % de la población es indocumentada.
El fallo marca un nuevo episodio en la disputa entre la administración Trump y los defensores de derechos civiles sobre los límites en la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos.
