Más de nueve millones de ciudadanos están convocados a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala que se realiza este domingo y en la que se enfrentan el progresista Bernardo Arévalo y la conservadora Sandra Torres.
La cita electoral se realiza en un clima de tensión política después de la grave crisis institucional que padeció el país a partir de la primera vuelta, realizada el pasado 25 de junio, que estuvo marcada por la fragmentación de una veintena de aspirantes y que, como se esperaba, Torres ganó al obtener el 15,8 % de los votos.
Lo sorpresivo fue que Arévalo, un candidato que no aparecía como favorito en las encuestas, obtuviera el 12 %, lo que le permitió avanzar a la segunda vuelta y desplazar a Manuel Conde, el aspirante del partido del presidente Alejandro Giammattei, quien quedó en tercer lugar.
Desde entonces, la incertidumbre cubrió el proceso electoral, ya que, por petición de Conde, hubo un nuevo conteo de votos que retrasó dos semanas la oficialización de los resultados.
En ese lapso, comenzaron a surgir denuncias contra el Movimiento Semilla, lo que se interpretó como parte de una «campaña sucia» que culminó a mediados de julio con la suspensión de un partido opositor, de izquierda y conocido por su lucha contra la corrupción.
La judicialización del proceso electoral desató un escándalo internacional y denuncias contra la fiscal general, María Consuelo Porras; el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quienes fueron acusados de maniobrar con la intención de manipular las elecciones e impedir que Arévalo participara en el balotaje.
«Tenemos que unirnos alrededor del rechazo de esta acción, que no es más que un golpe de Estado técnico», acusó Arévalo en ese momento.
La Corte Constitucional rescató el proceso al otorgar un amparo al Movimiento Semilla, pero las presiones judiciales de los fiscales y el juez, que han estado involucrados en causas por corrupción, no han cesado.
El clima de incertidumbre se reflejó, por ejemplo, en la ‘Marcha de las flores’ que miles de personas realizaron el pasado domingo para defender la democracia.
Torres y su cuarto intento
Sandra Torres, de 67 años, llegó a esta elección con el antecedente de escandalosas campañas presidenciales previas.
En 2011, para poder postularse por primera vez, se divorció de su esposo, el entonces mandatario Álvaro Colom, ya que la ley guatemalteca prohíbe la candidatura de familiares del mandatario de turno. La maniobra fue tan evidente, que su registro quedó anulado.
Cuatro años más tarde, la ex primera dama sí logró competir y quedó en segundo lugar, lo que le permitió avanzar a un balotaje en el que fue derrotada por Jimmy Morales.
En 2019, en su tercer intento, ganó la primera vuelta, pero en la segunda perdió ante Giammattei. En septiembre de ese año, apenas un mes después de los comicios, fue detenida y acusada de financiación electoral ilícita y asociación ilícita.
A fines de 2020, el proceso fue cerrado por una jueza que consideró que no había suficientes elementos para enjuiciar a Torres. El fallo permitió que este año volviera a postularse y a ganar la primera vuelta, en parte gracias a sus propuestas de emular la «mano dura» del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra la delincuencia.
En la elección de este año, Sandra Torres se postuló al amparo de su partido, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y lleva a Romeo Guerra, un pastor evangélico, como su candidato a la vicepresidencia.
Arévalo y la sorpresa
Arévalo, por su parte, es un sociólogo y doctor en Filosofía y Antropología de 64 años que intenta continuar el legado de su padre, Juan José Arévalo, quien fue el primer presidente electo por el voto popular en 1944, después de la Revolución de Octubre que derrocó al general Juan Federico Ponce.
Al igual que su padre, también ha tenido una larga carrera como diplomático, ya que, entre otros cargos, fue viceministro de Relaciones Exteriores, asesor de Naciones Unidas y embajador de Guatemala en España.
En 2017 fundó con otras personalidades el izquierdista Movimiento Semilla que, dos años más tarde, intentó postular sin éxito a la exfiscal Thelma Aldana como su primera candidata a la presidencia.
Lo que sí logró el nuevo partido fue que Arévalo ganara una curul en el Congreso, desde donde saltó hacia la candidatura presidencial de este año que lo terminó de posicionar como una de las figuras políticas más importantes de Guatemala. Su compañera a la vicepresidencia, en tanto, es la química y socióloga Karin Herrera.
El caudal de votos que obtuvo el binomio opositor en la primera vuelta contradijo todos los pronósticos y le permitió avanzar a esta jornada, aunque también marcó el inicio del acoso judicial en contra del partido y del postulante.
De hecho, el fundador del Movimiento Semilla, Juan Alberto Fuentes Knight, se tuvo que exiliar a fines de julio al denunciar que los tribunales locales no actúan con independencia ni con base en las evidencias.
Alerta de violencia
La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) advirtió que los comicios podrían desenvolverse en medio de focos de violencia y conflicto, producto de las diversas acciones judiciales contra Semilla.
«Han generado un ambiente de tensión y de incertidumbre a nivel nacional que podría desencadenar actos de conflictividad y/o violencia a nivel local», afirmó la MOE-Gt en su más reciente informe.
Entre el 1 de enero y el 5 de agosto, se han «registrado 114 hechos de violencia electoral y 151 de conflictividad electoral distribuidos a lo largo y ancho del país».
De hecho, mencionó que algunos departamentos, como Suchitepéquez y Retalhuleu, «podrían presentar focos de violencia/conflictividad nuevamente» este domingo.
Hasta ahora la MOE-Gt constató «hechos de gravedad variable, desde la destrucción de bienes materiales, los ataques verbales y las amenazas, hasta las protestas, los bloqueos de carreteras, los intentos de asesinato y los asesinatos consumados».
La posición gubernamental
El jueves el jefe de Estado guatemalteco, Alejandro Giammattei, se reunió con la delegación de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según informó Giammattei en su cuenta oficial de X, antes conocido como Twitter, le planteó al grupo de la OEA las acciones para garantizar que los comicios «se desarrollen en un clima de paz».
«Reiteramos la importancia de tener la veeduría internacional en nuestro proceso electoral», añadió en un tuit.
La OEA desplegó a 86 personas de 23 países en toda Guatemala para la jornada electoral.
