El pasado domingo una niña de 3 años perdió la vida durante un operativo antidrogas con el que se pretendía detener a su padre en la provincia de Rizal, al este de Manila, Filipinas; tras la lamentable muerte 20 policías fueron destituidos.
Los agentes, incluido el jefe de la policía en la ciudad de Rodríguez, donde ocurrió el suceso, han entregado sus armas de fuego para determinar con una prueba balística quién disparó a Kateleen Myca Ulpina, hija del sospechoso, Renato Ulpina.
Los policías han sido relevados de sus puestos y trasladados a una oficina para realizar tareas administrativas mientras se realiza la investigación, informó a medios locales Edward Carranza, director regional de la policía de la región de Calabarzon, que incluye Rizal.
Los agentes destituidos incluyen 14 miembros de la oficina de la Policía de Rodríguez y seis de la Unidad Provincial de Inteligencia de Rizal.
La muerte de la menor ha causado una fuerte controversia en Filipinas, donde varios grupos defensores de los derechos humanos han vuelto a alertar sobre los abusos y la impunidad de la campaña, que en tres años se ha cobrado más de 27.000 víctimas, aunque la policía solo admite haber matado a 6.600 sospechosos.
A raíz de esta muerte, el representante de Human Rights Watch en Filipinas, Carlos Conde, recordó en un comunicado que Myka se suma a una lista de más de un centenar de niños asesinados en esa brutal campaña, que además ha dejado miles de menores huérfanos y desamparados, la mayoría en las zonas urbanas más empobrecidas.
Los recuentos de la policía sobre las redadas antidroga no son fiables porque se ha demostrado que los agentes fabrican pruebas y plantan evidencias para justificar sus asesinatos», señaló Conde, que insistió en el impacto psicológico, emocional, social y económico de la campaña en los niños.
En un debate celebrado ayer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Human Rights Watch instó a que se abra una investigación internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Filipinas y a aprobar una resolución condenatoria propuesta por Islandia.
