Cerca de 50 empleados de los museos de la Ciudad del Vaticano han enviado una incendiaria carta a la administración del Estado en la que amenazan con llevar a la Santa Sede ante los tribunales si no se modifican las precarias condiciones de trabajo.
«Eminencia reverendísima, las condiciones de trabajo atentan contra la dignidad y la salud de cada trabajador. Es evidente la mala gestión, que sería aún más grave si obedeciera a la única lógica de obtener mayores beneficios», indica la misiva, compartida por el diario italiano Corriere della Sera, y firmada por 49 empleados del Vaticano (sobre un total de 700) -entre ellos guardias de museos, un restaurador y un empleado de una librería.
Los trabajadores recurrieron a la reconocida abogada del Vaticano Laura Sgró. Según el periódico, ella envió la carta al cardenal español Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato, el órgano que ejerce el poder ejecutivo en la ciudad-estado y del que dependen también los trabajadores de los museos. La demanda colectiva, si se llega a concretar, sería la primera conocida dentro de los muros de San Pedro.
¿Qué reclaman los trabajadores?
Básicamente, el reclamo se centra en la falta de seguridad social. «En el Vaticano no hay seguro de desempleo, no hay medidas de apoyo a los ingresos en caso de crisis o fases de desempleo total», señala el texto.
En caso de enfermedad, por ejemplo, no hay franjas horarias para las visitas de control, por lo que los empleados tienen que permanecer en casa todo el día. «La visita puede producirse en cualquier momento. Se denuncian casos de empleados sancionados mientras estaban en el médico. Permanecer a disposición del empresario más allá de las horas es una violación de la dignidad de la libertad personal», dice el documento.
De igual forma, se denuncia un grave incumplimiento en lo que respecta al trabajo en horas extraordinarias: «Después de seis horas de pie, hay que seguir trabajando cobrando menos», reza el texto, «y el empleador abusa de este instrumento». Tampoco habría criterios para la asignación de niveles y clases de méritos vinculados a la antigüedad. «Son propiedad absoluta del jefe, que los utiliza a su antojo. Reina la discriminación absoluta, un estado perpetuo de caos», indican los trabajadores.
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