El ministro de Trabajo, Rolando Castro, hizo un llamado al fiscal general, Raúl Melara, para que la institución que dirige proceda penalmente contra alcaldías y empresas que no pagan cotizaciones del Seguro Social, lo que impide que empleados no puedan pasar consulta en medio de la emergencia del coronavirus que atraviesa El Salvador.
El conferencia de prensa afirmó, que la institución que dirige está trabajando en emergencia nacional y frente a una pandemia, por lo que hizo un llamado a la empresa privada, sector público y municipalidades, a que cumplan de inmediato con las disposiciones dadas a conocer por el presidente Nayib Bukele Ortez, de lo contrario les van a imponer multas y sanciones administrativas de tipo penal.
«Hemos recibido denuncias de patronos y de alcaldías que no han pagado el Seguro Social, las AFP´S y los pagos de préstamos bancarios, lo cual va a en detrimento porque muchas personas no han sido atendidas debido a la falta de pagos. Esto no abona en nada a la crisis sanitaria que estamos pasando», indicó Castro.
«Esta situación va en contra de los empleados como el caso de las alcaldías de San Salvador y la alcaldía de Santa María, de Usulután, que han descontado a los empleados y no lo han hecho efectivo los pagos legales. Por eso le hago un llamado al fiscal general, Raúl Melara para que investigue y proceda penalmente contre ellos», afirmó.
En cuanto a las disposiciones que ha dado el Gobierno de Nayib Bukele, de que personas embarazadas, hipertensas y mayores de 60 años, deben ser enviadas a casa para que desde ahí trabajen, detalló que harán las inspecciones del caso y que van a imponer multas a las empresas que incumplan la orden.
“Todos nuestros equipos de inspección e higiene y salud ocupacional se encuentran en el terreno verificando todo lo que el presidente anunció en cadena nacional”, dijo el funcionario, al explicar que los equipos se encuentran en los 14 departamentos del país.
Entre los implementos que se verificaron está la disposición de alcohol gel, mascarillas y que apliquen correctamente la separación física entre personas para la prevención del contagio.
“Vamos a ser coercitivos con los que no cumplan con la declaratoria de emergencia y vamos a imponer todas las sanciones administrativas, financieras y penales, si no acatan estas medidas”, concluyó.
