El uso de un perfil en redes sociales condujo el domingo a la detención en México del sacerdote costarricense Mauricio Víquez, buscado en su país por violación y abusos sexuales contra un menor de edad, informó este lunes una fuente oficial.
El director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ), Walter Espinoza, declaró a los periodistas que Víquez salió de Costa Rica en enero pasado con destino a Panamá y que desde entonces se desconocía su paradero preciso, aunque había indicios de que se encontraba en México.
Espinoza detalló que el OIJ recibió información confidencial acerca de un perfil en redes sociales que supuestamente estaba siendo utilizado por Víquez.
Tras realizar un estudio de la cuenta en la red social, los expertos del OIJ determinaron que había muchas similitudes con la cuenta que utilizaba anteriormente el sacerdote, principalmente en cuanto a contenidos e información básica.
Espinoza indicó que toda la información se compartió con la Policía Federal mexicana y que se determinó que el perfil de la red social era manejado desde un teléfono móvil mexicano, lo que permitió ubicar el dispositivo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
“Teníamos un conocimiento bastante certero de que la persona que utilizaba la red social era el sujeto al que estábamos buscando. La persona que utilizaba la red se hacía nombrar Antonio (que es el segundo nombre del sacerdote) y señaló que el 18 de abril murió un tío suyo y verificamos que un tío de Víquez había muerto”, comentó el director del OIJ.
Espinoza dijo que hay detalles de la investigación que no se pueden compartir.
Mauricio Víquez salió de Costa Rica en enero pasado tras haber sido denunciado penalmente en octubre de 2018 por violación en agravio de un menor de edad, caso que prescribiría en septiembre próximo cuando la víctima cumpla 28 años, 10 después de su mayoría de edad.
Un juzgado penal de Costa Rica giró el pasado 19 de febrero una orden de captura internacionalcontra Víquez por el delito de violación sexual contra un menor, que habría ocurrido en 2003, cuando ejercía como sacerdote en la parroquia de San Juan Bautista de Patarrá de Desamparados, San José.
El cura también se enfrenta a otras nueve denuncias canónicas interpuestas por hombres que fueron en su mayoría monaguillos en iglesias de Tres Ríos, provincia de Cartago (centro), y Patarrá. Estas denuncias no se tramitan en el ámbito penal porque están prescritas.
Este caso propició que en abril pasado el Congreso aprobara una ley que amplía en 15 años el tiempo de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Ahora los casos de delitos sexuales contra menores tendrán un tiempo de prescripción de 25 años a partir del cumplimiento de la mayoría de edad de la víctima.
Tras el caso de Víquez salieron a la luz otra serie de denuncias contra sacerdotes por abusos y violación de menores, lo cual generó una crisis dentro de la Iglesia Católica este año.