Hacia una Ley de Mejora Regulatoria

El 18 de mayo pasado asistí al acto de la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria que el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, realizó en la hermana república.

México viene trabajando desde hace tres décadas en la implementación de la política pública de mejora regulatoria, cuyo objetivo consiste en la generación de normas claras y comprensibles para los empresarios y ciudadanos, y trámites simples que faciliten la interacción estado y sociedad.

Dicho país goza de reconocimiento internacional en la materia y ofrece un modelo sistémico de cómo enfrentar los enormes desafíos que plantea la modernización de un estado tradicional, labrado “piedra sobre piedra” y caracterizado por una regulación excesiva, obsoleta, incoherente, ineficaz, a veces caprichosa, y por la tramitomanía.

Aunque en un primer momento se pensó que el objetivo consistía en desregular, pronto México se dio a la tarea de mejorar la calidad de sus regulaciones y para tal fin se creó, en el año 2,000, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), a través de una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ahora, con la Ley General de Mejora Regulatoria, esa entidad se convierte en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y como señaló el presidente de la República, en su discurso, esta norma junto con los sistemas nacionales anticorrupción y de transparencia serán tres pilares del servicio público en el siglo XXI.

El apoyo del sector privado y político fue muy importante en este proceso de reforma mexicana. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, acompañó hasta el último momento la promulgación de la Ley; mientras que la Cámara de Diputados la aprobó por unanimidad y el Senado, por amplia mayoría.

Si bien México ofrece un modelo de organización, El Salvador debe observar atentamente este proceso con miras a aprobar su Ley de Mejora Regulatoria antes de que finalice el año. La experiencia mexicana es valiosa e iluminadora para aprender de sus aciertos y desaciertos, pero no necesariamente se convierte en una receta única o un modelo que no pueda mejorarse.

Por lo pronto, una enseñanza importante es lograr los acuerdos políticos y sociales necesarios para que todos los involucrados estén “en la misma página”. Para ello es impostergable una consulta con diferentes sectores que permita un debate público serio en cuanto a los objetivos y principios de la mejora regulatoria, y cómo elevarla a política de estado; la creación de una institucionalidad fuerte; el rol que desempeñarán los distintos actores dentro del sistema de mejora regulatoria; cómo se implementarán sus herramientas, entre otros aspectos.

Evidentemente la regulación es necesaria en un estado derecho; pero debe ser “amigable”, clara, sencilla y comprensible para todos, porque establece las reglas del juego y estas son fáciles de cumplir cuando las personas conocen cuáles son sus derechos y obligaciones.

Las regulaciones deben ser transparentes y no hechas a espaldas de la gente; en su proceso de diseño, implementación y evaluación deben existir mecanismos de consulta pública y participación ciudadana que permitan a las autoridades –por ejemplo, antes de tomar la decisión de aprobarlas o no- recopilar la mayor información y evidencia posible sobre el impacto que producirán, pues muchas veces el sector privado y los particulares son quienes se encuentran en la posición más privilegiada de proveer esos insumos.

Una regulación debe tener como norte el interés público; responder a los problemas de la sociedad y asegurar que sus beneficios sean mayores a sus costos para los particulares. Por eso es necesario medir cuál será el impacto de una regulación antes ser aprobada y especialmente, escuchar y atender los comentarios de los sectores afectados con la misma.

A modo de ejemplo, hace casi un año subrayé la importancia que las autoridades públicas antes de regular sobre la comercialización de alimentos con alto contenido en grasas, sodio y azúcar, y de todos aquellos que no contribuyan a una alimentación saludable dentro de las tiendas y cafetines escolares, sometieran la “Normativa de Tiendas y Cafetines Escolares Saludables” a una evaluación de impacto regulatorio.

Algunos días atrás escuché la inconformidad de algunos empresarios del sector agropecuario sobre la implementación de esa normativa, la cual, de haberse ceñido a un proceso previo de análisis de impacto regulatorio, hubiese respondido a sus preocupaciones o cuando menos, justificarse adecuadamente.

Literalmente, la herramienta de evaluación de impacto regulatorio es “saludable” para cualquier gobierno. Si hoy en día se busca adelgazar la burocracia excesiva, hay que poner “a dieta” al estado y la mejora regulatoria es, precisamente, un excelente ejercicio de autodisciplina.

La mejora regulatoria requiere del apoyo político al más alto nivel; la tramitomanía no se combate con buenos deseos, sino con herramientas, metodología, estrategia y acciones de simplificación de cargas administrativas. Equivocadamente, en nuestro país muchos confunden o reducen la política de mejora regulatoria a la mera eliminación o simplificación de trámites, pero no es así.

La simplificación administrativa es apenas un filtro que sirve para limpiar la “grasa”, lo “sucio” o engorroso que puedan tener las regulaciones, como los trámites o requerimientos arbitrarios, duplicados, complejos, innecesarios o absurdos; pero es insuficiente si no se realizan acciones de “purificación” más profundas al momento de elaborar y aprobar las normas.

Sin una política regulatoria definida, la simplificación administrativa sería una pastilla para adelgazar que toma una persona que no mide lo que consume, ni tiene buenos hábitos alimenticios.

El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), cuya competencia será fortalecida con la Ley de Mejora Regulatoria, tendrá como misión supervisar el proceso regulatorio que realicen las autoridades públicas a fin de promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que estas generen beneficios superiores a sus costos, así como el máximo beneficio para la sociedad.

El OMR hará uso de herramientas que brinden seguridad jurídica y establezcan reglas del juego claras para los empresarios y ciudadanos, tal como la creación de un Registro Nacional de Trámites; sin embargo, es aconsejable que este esfuerzo sea complementado con una instancia, dentro del mismo sistema, que promueva la denuncia y resuelva con carácter vinculante cuando un funcionario se aparta de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, al momento de exigir un trámite o requerimiento administrativo a los particulares.

La mejora regulatoria es una reforma estructural de gran calado en la administración pública y por eso no es de extrañar, como señalan los expertos, que sus mayores enemigos se tienen en casa.

En definitiva, la Ley de Mejora Regulatoria constituirá un instrumento jurídico que protegerá a la ciudadanía ante falta de transparencia y arbitrariedad con que muchas veces son elaboradas y aprobadas las regulaciones en El Salvador.

Autor: Jaime Mauricio Campos Pérez