El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de los venezolanos Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Alvarez Topón, así como del ecuatoriano Gabriel Alexander Ponce Ruiz, acusados de lavado de dinero y activos, estafa agravada, captación ilegal de fondos, defraudación a la economía pública y agrupaciones ilícitas.
Según la solicitud de imposición de medidas, en marzo de 2024, Gabriel Alexander Ponce Ruiz y Bryan Alexander Camacho Melean ingresaron al país y fundaron la empresa VENICARS, que comenzó a operar en octubre de ese mismo año. En diciembre, el resto de los imputados arribó a El Salvador con permisos de trabajo para laborar en la empresa.
Los acusados promovían VENICARS como una alternativa «más barata» para la adquisición de vehículos, dirigida especialmente a personas sin acceso a créditos bancarios o personales. A las víctimas se les exigía el pago de una «suscripción» y, posteriormente, el abono de cuotas, con la promesa de que el vehículo estaría en el país en un máximo de 20 días a partir de la suscripción.
No obstante, los vehículos nunca fueron entregados. Algunas víctimas llegaron a pagar hasta 20 cuotas por adelantado. La investigación también señala que los fondos ingresados en las cuentas de la empresa eran transferidos posteriormente a cuentas personales de Ponce y Camacho, quienes son señalados como los cabecillas de la estructura delictiva.
El juzgador determinó que los indicios presentados por la Fiscalía General de la República, que incluyen los documentos y registros financieros, son suficientes para mantener la detención de los imputados, considerando además el riesgo de fuga debido a su condición de extranjeros. El caso continuará en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
En este proceso están ausentes Bryan Alexander Urbano Salazar, de Venezuela, y Francis Dorelys Batson, de Ecuador.
