La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió hoy a favor del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en la controversia en el caso de los reajustes que los diputados promovieron en el Presupuesto General de la Nación de este año.
Los magistrados dieron la razón al Ejecutivo en el sentido que el Decreto Legislativo 781, que reformó el decreto 640, aprobado el 5 de mayo, es inconstitucional por un vicio de forma, pues los legisladores no se molestaron en consultar al Ministerio de Hacienda para hacer los movimientos presupuestarios.
La Asamblea Legislativa pretendió usurpar atribuciones que competen únicamente al Ejecutivo para efectuar ese tipo de movimientos en la propuesta del plan de gastos 2021.
El decreto 640 destinaba $400 millones en títulos valores; $100 millones para devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y $300 millones para pago a proveedores. No obstante, el pasado 24 de diciembre, cuando fue aprobado el Presupuesto, el bloque de diputados opositores al Gobierno lo reformó con la clara intención de trasladar fondos a sus alcaldes, a las puertas del inicio de la campaña electoral.
La distribución inconstitucional que fue propuesta por los diputados quedó de la siguiente forma: $288,2 millones para el Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES); $50 millones para la contrapartida; $16 millones para veteranos; $45.8 millones para pago a proveedores.
La Sala concluye que “que continúa vigente el aludido Decreto Legislativo 640, en los términos en que fue aprobado”.
Diputados corruptos, ladrones, inmorales, narcotraficantes, de cuanto era el robo que pretendian hacer?, por eso estan desesperados porque quizá les toque comer tortilla con sal (Corea), igual los ladrones alcaldes de S.S y Santa Tecla.
Una pregunta no estarían borrachos todavía despues de las fiestas navideñas los de corte de justicia porque estoy muy admirado como le an dado por primera vez la razón l Ejecutivo,señores el pueblo les agradecen cuando trabajan por el pueblo
Significa que la ley prima sobre el interés político, es un mandato de la Constitución de la República al cual están sujetos los magistrados de la Sala de lo Constitucional; Pero los neófitos no quieren entender ni promover la sana función pública.
Igual se van este año…..las leyes del país están prostituidas