La propuesta de la diputada Claudia Ortiz de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la mitad ha abierto un nuevo debate en torno a la sostenibilidad fiscal del país, con cuestionamientos centrados principalmente en su viabilidad económica.
Durante una entrevista, Ortiz planteó que el IVA debería disminuirse significativamente debido a que, según su argumento, son los consumidores más pobres quienes terminan absorbiendo el impuesto en cada compra. La legisladora sostuvo que, aunque formalmente el IVA no recae sobre quienes no tributan directamente, en la práctica sí impacta en el precio final de los productos.
Sin embargo, especialistas en finanzas públicas advierten que una reducción del IVA del 13% al 6.5% implicaría una caída considerable en los ingresos del Estado, tomando en cuenta que este impuesto representa una de las principales fuentes de recaudación fiscal en El Salvador.
De acuerdo con análisis económicos, una medida de este tipo podría generar un desequilibrio en las finanzas públicas, afectando la capacidad del gobierno para financiar servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y seguridad. Además, señalan que el país mantiene compromisos fiscales en el marco de acuerdos internacionales, lo que limitaría el margen para aplicar recortes de ingresos sin medidas compensatorias.
Otro punto crítico es que la propuesta no detalla mecanismos claros para sustituir la pérdida de recaudación. Expertos coinciden en que, sin una fuente alternativa de ingresos o una reducción significativa del gasto público, una disminución del IVA podría aumentar el déficit fiscal y presionar aún más la deuda pública.
Asimismo, se cuestiona la efectividad de la medida en términos de impacto directo en los precios. Algunos economistas señalan que una reducción del IVA no siempre se traduce automáticamente en una baja proporcional en los costos para el consumidor, debido a factores como intermediación, estructura de mercado y decisiones comerciales.
Aunque la propuesta busca aliviar el costo de vida, el debate es si es financieramente sostenible y si realmente lograría el efecto esperado en los hogares salvadoreños.
