El 30 de septiembre de este año vence el plazo para que la procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, aclare ante el máximo organismo de trabajo mundial, OIT, sobre señalamientos por presuntas violaciones a los derechos sindicales en El Salvador.
Según denuncia en manos de la Organización Internacional del Trabajo, Caballero ha negado reiteradamente la participación del Sindicato de Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPROHEDES), en la gestión por los presupuestos, así como ha violentado otros derechos de los agremiados.
En caso que Caballero no aclare las acusaciones, El Salvador podría ser catalogado como un país donde se incumple la legislación internacional en materia de los derechos a la libertad sindical.
En consecuencia, el país podría perder los privilegios en los Tratados de Libre Comercio, así como las preferencias arancelarias de la Unión Europea por incumplir uno de los 8 convenios fundamentales de la OIT, según información proporcionada por la Asamblea Legislativa.
Entre otras acusaciones que pesan sobre Caballero, quien busca la reelección en el cargo, se encuentra la presunta prohibición a la libertad de expresión, acoso laboral, actos arbitrarios y despidos injustificados.
