PDHH asegura en informe que hubo ejecuciones extrajudiciales en El Salvador por agentes de la PNC

En promedio, cada víctima presentaba nueve orificios de bala en su cuerpo. Entre ellas, había dos adolescentes de 13 y 14 años.

Estos son algunos de los datos recogidos en un informe sobre 116 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía de El Salvador entre 2014 y 2018, y que certifican la oscura actuación de algunos agentes ya denunciada en numerosas ocasiones por organizaciones sociales e incluso Naciones Unidas.

El informe dado a conocer este martes por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), es el primer documento de una instancia dependiente del Estado que reconoce esta práctica en El Salvador, uno de los países con mayores índices de violencia del mundo.

El documento deja al descubierto un patrón de «uso excesivo de la fuerza» sobre estas personas «asesinadas brutalmente por los elementos de la Policía Nacional Civil» y llama a tomar medidas para acabar con estas actuaciones.

«Es impostergable la depuración policial y la creación de una política criminal integral que analice todos los tipos de violencia», dijo la procuradora de Derechos Humanos del país, Raquel Caballero.

El organismo fue tajante al aseverar que, pese a que la mayoría de estas muertes fueron atribuidas por la policía a enfrentamientos armados con supuestos pandilleros, las investigaciones llevadas a cabo desmienten esta teoría.

«Los indicios contradicen la versión del enfrentamiento armado y apuntan a que las víctimas fueron ajusticiadas cuando ya habían sido sometidas», sostuvo la procuradora adjunta para Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos.

¿Qué dice el informe?
El informe asegura que de las 116 víctimas de ejecución extrajudicial, en 48 casos investigados entre 2014 y 2018, el 93,1% de ellas murieron por lesiones de arma de fuego.

Más del 77% de las ejecuciones fueron cometidas en zonas rurales. El 94,1% de las víctimas fueron hombres, principalmente con edades entre los 18 y 24 años de edad.

l documento señala con «extrema preocupación la ejecución extralegal de 28 personas menores de 17 años», incluidos dos adolescentes de entre 13 y 14 años.

La PDDH apuntó que las ejecuciones fueron perpetradas principalmente por agentes de elite y que las víctimas sufrieron «maltrato policial, detenciones arbitrarias, acoso sistemático y hasta amenazas de muerte».

El 36,2% de las ejecuciones tuvo lugar en el marco de masacres en las que al menos cinco personas fueron asesinadas simultáneamente.

Pero uno de los factores que despertó más preocupación del organismo fue el alto grado de impunidad de los presuntos responsables de las muertes.

«Aquí lo mas relevante de todo es el grado de impunidad en el que están los casos porque de los 48 casos, 19 se judicializaron y solo dos condenas hemos encontrado (contra los policías)», dijo Caballero.

«Tienen que funcionar las instituciones de tal manera que los responsables de estos hechos se lleven ante la Justicia», agregó.

Responsabilidad del gobierno
El Servicio Social Pasionista de El Salvador (SSPAS), organización que apoyó en la elaboración del informe, destacó que los casos se registraron durante el gobierno del anterior presidente, Salvador Sánchez Cerén.

El mandatario fue quien implementó las conocidas como «medidas extraordinarias de seguridad» que, según denunció la directora de derechos humanos del SSPAS, Verónica Reyna, propiciaron un mayor abuso de autoridad por parte de las autoridades.

La mayoría de muertes investigadas en el informe se registraron en 2016, año en que entraron en vigor estas medidas que persiguen cortar la comunicación de pandilleros en las cárceles con el exterior mediante restricciones en las visitas de familiares, la suspensión de la salida de presos a las audiencias judiciales y periodos de encierro permanentes en las celdas, entre otras medidas.

La ONU pidió en 2017 al gobierno salvadoreño que derogara estas medidas al considerar que atentaban contra los derechos humanos y provocaban «condiciones realmente inhumanas» en las prisiones.

Caballero, la actual procuradora de Derechos Humanos que presentó el informe, defendió en 2016 la prórroga de estas medidas al considerar que estaba «interpretando el sentir de la gran mayoría del pueblo salvadoreño», según publicó el diario digital salvadoreño El Faro.

Dos años después, sin embargo, mostró su rechazo a que estas medidas que nacieron como algo temporal se convirtieran en permanentes.

La investigación para este informe comenzó en agosto de 2018 (cuando Sánchez Cerén aún era presidente) en respuesta a un aumento de denuncias de abuso policial.

Pese a que los casos analizados corresponden al gobierno del anterior ejecutivo, el SSPAS subrayó que el informe reivindica que el actual gobierno liderado desde junio por Nayib Bukele «asuma las condiciones en las que encuentra la policía y busque mecanismos para que esto no se olvide».

«El informe es contundente respecto a cómo actuó la policía. La policía sigue siendo la misma y los controles internos no se ven dentro del plan de seguridad que se está desarrollando», dijo Reyna .

Bukele presentó en junio su plan de seguridad para hacer frente a las pandillas basado en la recuperación del centro de las grandes ciudades, el ataque a las finanzas de las maras y el corte de la comunicación de las cárceles con el exterior, algo que aseguró no se estaba cumpliendo pese a estar contemplado en las medidas extraordinarias desde 2016.

«Las pocas propuestas que hemos conocido son una suerte de déjà vu de lo que ya se ha hecho. Además de no novedosas, lo que hacen es continuar algunas de las estrategias que ya tuvieron éxito en gobiernos anteriores», le dijo entonces a BBC Mundo Sofía Martínez, consultora experta en seguridad en Centroamérica.

Lo cierto es que la práctica descubierta en el informe de la PDDH ya había sido criticada en numerosas ocasiones por varias organizaciones.

La relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, denunció en su visita al país el año pasado la existencia de un patrón de este tipo de asesinatos y de atropellos en los cuerpos de seguridad de El Salvador, pese a que el gobierno identificaba esta práctica como un fenómeno aislado.