Paolo Lüers: “La tregua no fracasó, fracasó el gobierno que no tuvo el valor de seguir haciendo lo correcto”

Luego de varios años de silencio por el tema “Tregua”, bautizado así por la prensa pero que en realidad era una política pública denominada “proceso de pacificación” (tal como aclaró el exministro de Seguridad, general David Munguía Payés), el mediador Paolo Lüers, y el abogado Manuel Chacón, valoraron que el proceso pudo tener éxito pero que las autoridades no tuvieron el valor de continuar luego que la tregua fuera condenada mediáticamente al ser cuestionada por la Fiscalía General de la República en tiempos de Luis Martínez.

Lüers fue el vocero y la cara vista del proceso, mientras que Chacón es abogado defensor del caso. Después de algún tiempo de no abordar el tema en público, ambos aceptaron romper el silencio y hablar con Órbita Tv y Órbita FM, que transmiten el programa En la Mira, con el experto en criminología Ricardo Sosa.

“La tregua no fracasó, fracasó el gobierno porque no tuvo el valor de seguir haciendo lo correcto”, dijo el mediador Lüers; en tanto, el defensor Chacón manifestó que por este caso la Fiscalía no cuenta con pruebas periciales, sino solo con el testimonio de un criteriado, que es además “un asesino, mentiroso, antiético y sin principios”, que solo busca lo exoneren de los crímenes que ha cometido.

La Fiscalía procesa en la actualidad a 19 personas y exfuncionarios de Funes, a quienes acusa de tráfico de ilícitos, agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios. Entre los señalados están desde el exdirector de Centros Penales -Nelson Rauda- hacia abajo, que conformaban parte del gabinete de seguridad. Lüers expone que el caso fue engavetado en tiempos de Martínez pero que fue retomado por Douglas Meléndez.

Señaló también que Meléndez condenó mediáticamente el proceso y que dirigió “un ataque al corazón”, al atacar la figura de los mediadores y facilitadores. “Si esta condena prospera, si esta gente es condenada, esto tendrá un impacto político fatal… cualquiera que se ofrezca a mediar en un conflicto que sea declarado ilegal, también se convertirá él mismo en ilegal y puede terminar en la cárcel”, dijo.

El juez que lleva el caso ha dicho emitirá fallo contra los acusados el 31 de mayo próximo. Y si es condenatorio, “será en contra el oficio de mediador”, agregó Lüers, y a la vez explicó que, bajo esa sentencia, las nuevas autoridades tendrán dificultades para encontrar personas dispuestas a mediar entre conflictos.

“Mucha gente se incorporó activamente como mediadores, desde alcaldes, concejales, gente de ong, policías, agentes del CAM, que mediaron para disminuir la violencia y que trataron de encontrar acuerdos para desmontar al monstruo (de la violencia)”, manifestó.

“Volvería a ser mediador de otros procesos”

Pese a las investigaciones en su contra y a señalamientos mediáticos, Lüers manifestó que “volvería a ser mediador de otros procesos”, aunque propondría que estos fueran más transparentes, más participativos, “pero si tuviera la posibilidad de participar por salvar vidas lo haría”, añadió.

Luego se atrevió a recomendar al presidente electo, Nayib Bukele, que nombre a personas en el gabinete de Seguridad, que entiendan que este tipo de violencia no se resuelve “a pura fuerza” y que, si bien es necesario capturar y condenar en tribunales, esto no basta. “Hemos aplicado la fuerza bastante generalizada y no resolvemos el problema”, manifestó, a la vez dijo que el Plan Cuscatlán en este tema “no es suficientemente claro”.

“La tregua” tenía una base legal, según Manuel Chacón

Por su parte, el abogado defensor enfatizó que el proceso de pacificación que impulsó Funes estaba contemplado en un plan de gobierno y que contó con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), de FUSADES, gobiernos amigos, iglesias, Conferencia Episcopal, y otros actores.

“Las 19 personas procesadas actuaron en cumplimiento a una política pública que el presidente (Funes) les había encomendado a través del ministro de seguridad de aquel momento (general David Munguía Payés)”, aclaró.

Chacón recordó que parte de los acuerdos con los pandilleros fue que suspendieran el reclutamiento de nuevos jóvenes, que dejaran el hostigamiento en centros escolares, y que entregaran gradualmente las armas, entre otros. También negó que el gobierno les facilitara ilícitos como teléfonos y, sobre todo, negó que el proceso haya permitido que las estructuras pandilleriles se fortalecieran. Estas acusaciones, añadió, no han sido comprobadas por la Fiscalía.

“Estamos optimistas (de que los acusados no sean condenados)”, reiteró el defensor.

“La única fortaleza que tiene la Fiscalía es un testigo criteriado, que está descalificado. Es un criminal que llegó a hacer señalamientos de todo tipo, que llegó a hacer muchas acusaciones. Es un asesino involucrado en otros hechos, al que la fiscalía lo va a exonerar”, denunció.

“No hay prueba documental ni pericial, solo un testigo criteriado”, y eso no prueba nada, ya que “cualquiera puede llegar y señalar para que lo pongan en libertad por los asesinatos que ha cometido”, expresó el abogado quien espera sus clientes recuperen la libertad en las próximas semanas.

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA

https://youtu.be/lOovc9ImjLE