La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, que revisa las propuestas de reformas al Código Procesal Penal enviadas por el presidente Nayib Bukele a través del Gabinete de Seguridad, recibió esta tarde al ministro Gustavo Villatoro y al Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, para que externaran sus valoraciones sobre dichas reformas.
Las propuestas de reformas están orientadas a fortalecer la guerra contra las pandillas que matiene el gobierno a través del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa. “Los tres órganos del Estado estamos trabajando para hacer justicia por los millones de salvadoreños que fueron sometidos por las estructuras terroristas”, expresó el ministro Villatoro.
Los diputados que integran la Comisión de Seguridad comenzaron este día la revisión de las reformas a las siguientes leyes: Ley Contra el Crimen Organizado, Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y Ley de Telecomunicaciones.
La propuesta de reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado tiene por objeto redefinir este concepto y unificar los trámites relacionados a los procesos penales relativos a todos los imputados que pertenezcan a estructuras criminales o grupos terroristas.
“Se propone reformar el concepto de crimen organizado, porque estamos claros que llevábamos años sacrificando a la población y no a los delincuentes. Se atribuía la culpabilidad a un miembro cuando el enemigo es la estructura”, explicó el ministro Villatoro. Y agregó que “pretendemos ampliar el concepto para que permita la eliminación de estas organizaciones criminales. Ahora, combatiremos la modalidad de delito cometido por las estructuras”.
Por su parte, la propuesta de reforma a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones busca fortalecer los procedimientos y las herramientas de persecución penal en la lucha contra la criminalidad mediante la obtención de elementos incriminatorios que sirvan como prueba en el proceso penal.
La propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones pretende dotar a los aplicadores de las herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas a través del uso de la tecnología de la información y la comunicación.
“Nos estamos preparando para heredar un sistema judicial a la altura de cualquier tipo de amenaza. Eliminaremos las técnicas que alargaban los procesos judiciales, garantizando que las estructuras paguen por sus delitos y no queden libres”, puntualizó el ministro Gustavo Villatoro.
