Miembros de la sociedad civil renuncian para evaluar la ejecución de $2 mil millones destinados para el coronavirus

Los representantes de las cinco instituciones de la sociedad civil representadas en Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica para el manejo de los $2,000 millones destinados a atender la pandemia de covid-19, presentaron este lunes una carta de renuncia por supuestamente “no existir condiciones necesarias” para que pudieran cumplir con la labor encomendada.

Señalaron en su carta de renuncia que existe diferencias a la acordado con la que se pretendía asignar un destino específico a los fondos autorizados en el decreto originalmente aprobado.

Detallaron que, si bien el decreto daba al comité la atribución de aprobar el programa de transferencias monetarias, el programa “comenzó a implementarse antes de que el Comité entrara en funcionamiento, no teniendo este último alguna participación”.

“Esta reforma propuesta unilateralmente por el Gobierno Central, aunada a los inconvenientes del decreto original descritos antes, dejan, en la práctica, al Comité sin razón de ser, pues se le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso”, detalla la carta al presidente de la Asamblea, Mario Ponce.

El comité estaba conformado por un delegado de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal); dos delegados de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y otro de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Otro delegado de la Universidad Centroamericana (UCA) y uno más de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).

Gobierno desmiente acusaciones

Ante esta situación, el Ejecutivo a través de un comunicado difundido en redes sociales, revelaron que la renuncia a sus cargos, se debe tras rechazar “ser sujetos a declaración patrimonial”.

“Los representantes del sector privado no querían que sus votos fueran vinculantes dentro de esa instancia aprobada con el respaldo del Presidente de la República, Nayib Bukele, pero habían pedido la modificación de la ley para que sus votos no fueran vinculantes. Como parte de una instancia, que tendrá a cargo la administración de fondos públicos, todos sus miembros deben someterse a los controles establecidos para tal caso, pero los integrantes del comité, por parte del sector privado y el sector académico, no se quisieron someter a esa disposición legal”, reza parte del comunicado.

En esta misma línea, el Gobierno detalló que ha sido claro en establecer la transparencia como una de las características para el manejo de los fondos de la emergencia por COVID-19 y aprobó la auditoría de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), de todos los gastos que lleva a cabo el Gobierno.

Además, la Corte de Cuentas de la República (CCR) desarrolla su trabajo de auditoría de los gastos de esta emergencia.

El 28 de marzo, el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Agustín Martínez, de la ANEP; José Ángel Quirós por FUSADES; Omar Serrano, por la UCA, y René Alberto Raúl Vásquez Garay, por la ESEN, como miembros del comité que maneja el fondo de emergencias por el COVID-19.

Por el sector gubernamental, integran el comité, el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, y los ministros de Hacienda, Nelson Fuentes; Economía, María Luisa Hayem; Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera; Salud, Francisco Alabi, y de Turismo, Morena Valdez.

Al conocer la carta, los diputados de la Comisión de Hacienda, acordaron llamar a las personas que renunciaron este miércoles 11 de mayo para que expliquen las razones de esta decisión.