Con 57 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles reformas a la Ley Penal Juvenil, que envía a prisión de adultos a menores que hayan sido condenados por participar en delitos graves como homicidio, secuestro y tráfico de armas.
Las reformas contemplan que los menores infractores cumplan sus condenas en centros penales de adultos cuando hayan sido encontrados culpables de cometer delitos del crimen organizado.
Con esto se evitará que reciban el mismo tratamiento penal de quienes han cometido delitos de menor gravedad o delinquido de manera aislada o eventual. En el mismo paquete de reformas, los legisladores aprobaron reformas a la Ley Penitenciaria.
En el pleno se detalló que, al ser trasladados hacia los centros penales comunes, estos jóvenes serán separados en pabellones hasta que cumplan 18 años. Una vez tengan la mayoría de edad, deberán ser sometidos al régimen general de adultos.
Además, con la reforma se regularán los Centros Preventivos y de Cumplimiento de Penas (donde se recluye a menores de edad) y a la autoridad administrativa encargada de estos.
Los diputados consideraron que muchos de los menores infractores retoman su organización criminal al salir de los centros penitenciarios, por lo que no cumplen con la reinserción en la sociedad, como lo ampara la normativa vigente.
Antes de reformar la ley, los parlamentarios agregaron una disposición especial que establece que los adolescentes con medida cautelar o pena de internamiento por delitos comunes continuarán cumpliendo su pena conforme a la Ley Penal Juvenil, Ley Crecer Juntos, Ley Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia y otras normativas aplicables para cumplir con la reintegración social.
Reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado
De igual forma, los diputados avalaron, con 56 votos, un dictamen favorable parcial para una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de limitar el acceso a figuras que pretenden sustituir la ejecución de las penas impuestas por delitos mayores, como homicidios, secuestro y tráfico de armas.
La reforma contempla la eliminación de los beneficios de libertad condicional y libertad condicional anticipada a las personas condenadas por delitos de crimen organizado.
La modificación evitará la impunidad o la reorganización de los involucrados. Asimismo, reforzarán la seguridad ciudadana y la protección de la sociedad que se complementarán con las estrategias para combatir a los criminales.
