Las fuerzas de seguridad han recuperado más de 6,000 viviendas que los pandilleros habían usurpado en cuatro municipios del área metropolitana de San Salvador.
El resultado es producto de las estrategias de seguridad que el Gobierno del presidente Nayib Bukele implementa. El 20 de junio de 2019 comenzó con el Plan Control Territorial y el 27 de marzo de 2022 instauró el régimen de excepción para encarcelar a los pandilleros y extinguir a las estructuras terroristas.
«Haber recuperado 6,000 viviendas alrededor de Soyapango, Apopa, Ilopango y Ciudad Delgado es muy significativo, detrás de esto sucedieron más de 4,000 homicidios, porque no había justicia, las estructuras terroristas mataban y se apropiaban de las casas», sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.
En esas cuatro localidades los miembros de las pandillas se apropiaron de los inmuebles luego de llegar amenazar a los propietarios, les ponían plazo para abandonar las casas o de lo contrario atentaban en su contra.
Muchas personas que por años habían estado pagando las viviendas o algunas que ya las habían terminado de pagar tuvieron que irse y perderlo todo ante el sometimiento de los mareros quienes llegaban para residir en ellas o entregarlas a sus parientes.
Algunos de los inmuebles fueron utilizados como «casas destroyer», nombre que las pandillas le han dado a las casas que utilizan para reunirse, planificar delitos o cometer hechos entre ellos homicidios.
«Los pandilleros amenazaban con asesinar a los propietarios de las viviendas sino las abandonaban para posteriormente ocuparlas ilegalmente para ser ocupadas por esos grupos criminales o por sus familias. En cientos de casos esas viviendas eran alquiladas a terceras personas. Los pandilleros también hurtaban servicios de energía eléctrica, agua potable, internet y cable», señala un informe de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
Se detalla que del total de las viviendas recuperadas, más de 1,500 están ubicadas en Soyapango, municipio en donde se mantiene un cerco de seguridad desde el 3 de diciembre del 2022, como parte de la Fase 5 del Plan Control Territorial, para extraer pandilleros que se esconden en las comunidades para no ir a prisión.
