El Juzgado 3º de Paz declaró nulidad absoluta de la audiencia inicial celebrada en 2000, y la Fiscalía tendrá ahora que presentar un nuevo requerimiento contra los autores intelectuales del crimen.
El llamado “Caso Jesuitas” fue reabierto por orden del juzgado 3º de Paz de San Salvador, que declaró “nulidad absoluta” de la audiencia inicial celebrada en el año 2000, y ordenó a la Fiscalía de Douglas Meléndez presentar un nuevo requerimiento y posterior celebración de la audiencia inicial. Así lo dio a conocer el abogado de las víctimas, Arnau Baulenas.
La fiscalía deberá acusar a los autores intelectuales de la masacre de seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, en el marco de la ofensiva guerrillera “Hasta el tope y punto”.
“El juez ordena a la Fiscalía que presente un nuevo requerimiento y una vez presentado, se procederá a la audiencia inicial, ahí iniciará el proceso”, dijo Baulenas a la agencia EFE este martes.
El abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Idhuca, explicó que el Juzgado declaró “nulidad absoluta” de la audiencia inicial del año 2000 en la que se dictaba el sobreseimiento del proceso a favor de seis militares y del expresidente de la República Alfredo Cristiani (1989-1994).
La defensa de los señalados trató de dilatar la sentencia alegando que había “cosa juzgada”. Sin embargo, el Idhuca solicitó en noviembre de 2017 la reapertura de la causa penal contra los autores intelectuales de la masacre.
“El juez ha declarado que no hay cosa juzgada y que la excepción por falta de acción tampoco es procedente”, aseguró Baulenas.
Los acusados por participar en el asesinato considerado “de lesa humanidad” son los generales Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, René Emilio Ponce (ya fallecido), y el coronel Inocente Montano, quien enfrente juicio en España por este crimen.
Sobre los señalamientos que recaen en el expresidente Cristiani, el exrector de la UCA y actual director del Idhuca, José María Tojeira afirma que la petición de reapertura no incluye al expresidente porque no existen indicios que este haya conocido antes ni durante ocurrió el crimen, sino hasta después. De igual forma, deja por fuera a los autores materiales “sometidos a una farsa de juicio en 1992” y en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos militares.
La muerte de cinco sacerdotes de origen español, uno salvadoreño y dos empleadas ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre y estuvo a cargo del batallón élite Atlacatl. Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, de España. También fue asesinado el sacerdote salvadoreño Joaquín López y las colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina.
Por la masacre solo guarda prisión el coronel Guillermo Alfredo Benavides, uno de los condenados a 30 años en 1992. La UCA ha pedido esta pena le sea conmutada.
