El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador realizara mañana a partir de las 10:00 de la mañana una inspección ocular técnica en el sitio de la obra del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral ubicado en San Luis La Reina, departamento de San Miguel, con el objetivo de verificar la existencia de bienes muebles de la sociedad Astaldi, y corroborar el estado actual de los mismos
El pasado 21 de octubre a través de escrito la querella de CEL solicitó a la jueza que decrete el embargo preventivo en determinados bienes de Astaldi o se ratifique la inmovilización de estos.
No obstante, el juzgado consideró que antes de resolver si es procedente o no la solicitud de la querella, deberá realizar la diligencia en las instalaciones a fin de llevar a cabo la inspección técnica ocular en el lugar donde se encuentra materialmente los objetos a los cuales solicita la querella se les impongan la medida cautelar, lo anterior a efecto de verificar la existencia de bienes muebles en la actualidad, así como corroborar el estado actual de los mismos.
Asimismo, la jueza hizo del conocimiento a las partes técnicas acreditadas en el proceso que en el caso deseen asistir a la diligencia deberán comparecer a la hora y lugar indicado.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes; al expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL); José Leopoldo Samour; al empresario y expresidente del CIFCO, José Miguel Antonio Meléndez, mejor conocido como Mecafé; a la compañera de Mauricio Funes, Mitchell Guzmán Sigüenza y contra José Efraín Quinteros.
Los delitos atribuidos son peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y por cohecho propio al representante legal de ASTALDI Mario Federico Perasgostine Marocchi, de origen italiano.
Los procesados presuntamente los relacionan con la controversia legal suscitada entre CEL y ASTALDI S.p.a., sucursal El Salvador , por la ejecución del proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica Chaparral, ubicada en San Luis La Reina, de San Miguel, en que supuestamente hubo construcciones inconclusas que habrían derivado un pago de 105.5 millones de dólares que la CEL pagó a la empresa ASTALDI.
Según la investigación fiscal, presuntamente hubo un arreglo directo entre el presidente de CEL y el representante de ASTALDI por lineamientos del expresidente Funes que originó una presunta dádiva de 3.5 millones de dólares.
