Institución presidencial necesita reconstrucción

Por: Francisco José Fermán

Empecemos por definir qué es un Régimen de Excepción, su naturaleza, alcances y límites.  Esta figura político-jurídica, denominada en El Salvador, Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales, que suspende los derechos a la libertad de tránsito, es decir restringe la voluntad del individuo de trasladarse de un lugar a otro; limita el derecho a la reunión pacífica y sin armas para expresarse pública y colectivamente, así como ejercer su derecho a cambiar voluntariamente de domicilio.

La Constitución de la República faculta al Poder Legislativo a proceder de esta manera en el Artículo 29 que establece que a través del Régimen de Excepción pueden suspenderse por un periodo de 30 días algunas garantías constitucionales debido a guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u alguna otra calamidad. En el decreto aprobado el sábado por la Asamblea Legislativa, quedó enunciado que no se restringirá la libertad de expresión y el plazo de las restricciones se redujo a 15 días que podrían ser prorrogables.

Dentro de este contexto, se cuestiona la actuación amenazante de Carolina Recinos comisionada presidencial que, en apariencia, es la negociadora estratégica del gobierno, cuando esta función correspondería al secretario privado de la presidencia, por reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. Este funcionario sería el responsable de formular una definición clara de las restricciones constitucionales, además de las aún desconocidas normas del protocolo jurídico que se deberá aplicar en cada uno de los tres derechos constitucionales suspendidos. Esto lleva a un inmenso vacío legal que, en el peor de los casos, podría ser llenado con improvisaciones y exabruptos emocionales del poder presidencial.

En política se producen extrañas alianzas: por ejemplo la aprobación del Régimen de Excepción, que aparenta ser el resultado de una negociación, tras bastidores, entre el gobierno y el partido ARENA, que excluye totalmente al FMLN, reducido así a su mínima expresión y que de igual manera minimiza los efectos políticos del 9F, y pone en segundo término la esperada interpelación del ministro de la Defensa, por su participación en el grave intento de desestabilización institucional de aquel mismo episodio.

No se puede negar que la providencial aparición del Corona Virus o Covid-19, ha servido de manera oportuna para acercar al gobierno a su ansiado control total del poder político, una circunstancia coyuntural propicia para cualquier gobierno populista de aumentar su aceptación, en desdoro del Estado de Derecho que convendría a la gestión administrativa de un verdadero estadista.

Gran parte de la población, en la que se cuenta a muchos jóvenes, se pregunta cuál es el rumbo, el horizonte hacia el cual conduce el gobierno a la República sin objetivos precisos, orientados a garantizar el estilo de vida ciudadana ganada a costa de sangre y destrucción durante la guerra de los Ochentas.

Preocupa la falta de cuadros políticos con la capacidad, experiencia e inteligencia suficientes, para el ejercicio de la conducción del Estado y las acciones en la administración pública, como lo demuestran la improvisación de los llamados albergues para alojar a los viajeros salvadoreños procedentes de países donde hay recrudecimiento del virus que amenaza al mundo.

Tanto error cometido por la institución presidencial le está costando la pérdida gradual de respeto que debe la mayoría –la participativa y la silenciosa–, a la cabeza visible del sistema presidencial.

Es encomiable la labor de la Asamblea al corregir sobre la marcha los errores constitucionales, planteados en las iniciativas de ley que, en los últimos días, le ha enviado el Ejecutivo, en defensa de la legalidad y fortalecimiento del Estado.