Con 64 votos, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio que otorga facultades al Ministerio de Hacienda para que verifique la manera en que las 262 alcaldías del país utilizaron $191.7 millones que fueron entregados por el gobierno central para contener la pandemia de covid-19.
Los fondos estaban orientados además, a realizar diferentes proyectos sociales y a dar asistencia a las familias que residen en zonas vulnerables, para ello tomarían el 30% del dinero entregado.
Los fondos provenían de los $2,000 millones que la legislatura anterior le autorizó al Gobierno conseguir con organismos internacionales para el Fondo de emergencia y de recuperación y reconstrucción económica del país, que serviría para enfrentar la pandemia del coronavirus.
“Le estamos dando herramientas a la institución encargada de las finanzas porque la Corte de Cuentas de la República no ha hecho ninguna auditoría sobre el manejo de estos fondos por parte de las alcaldías”, expresó el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, y a la vez añadió que «la población tiene derecho a saber en qué invirtieron el dinero los alcaldes».
Por su parte, Caleb Navarro, aseguró que «existen indicios» de que algunos jefes municipales se apropiaron de los fondos públicos y adquirieron propiedades para su beneficio personal, acusó
“La mayoría de los alcaldes que recibieron el dinero y no lo invirtieron en los momentos más críticos de la pandemia. No entiendo por qué a estos partidos tradicionales se les eriza la piel pensar en la rendición de cuentas”, señaló.
Cuando el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó la solicitud a la Asamblea Legislativa explicó que el ministerio es el encargado de realizar los pagos a los organismos multilaterales que prestaron el dinero al Gobierno para atender la emergencia por covid-19 y, por lo tanto, debe garantizar de que se invirtió de forma adecuada.
Zelaya aclaró que el Ministerio de Hacienda no pretende usurpar a las funciones del ente contralor, pero expresó que este ha actuado con pasividad respecto a este tema.
“No estamos usurpando una facultad que no nos compete, sino que es una petición ante la pasividad de otras instituciones. Vamos a determinar las responsabilidades pertinentes. No vamos a acusar a nadie falsamente”, aseveró el funcionario.
La propuesta establece que todos los gobiernos municipales tendrán 10 días hábiles para entregar la notificación requerida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Previamente, la institución contratará a 300 personas que hayan cursado no menos de cuatro años de Licenciatura en Contaduría Pública para que practiquen los exámenes a las alcaldías. Los resultados que obtengan serán entregados a la CCR y a la Fiscalía General de la República para que, en caso de existir irregularidades en el uso del dinero, inicien procesos y deduzcan responsabilidades.
Que bueno que las fiscalicen porque las alcaldía durante la pandemia nunca rindieron cuentas y los arenafrente como le exigían al gobierno que rindieran cuentas, pero ellos con sus alcaldías nunca lo hicieron.