Según las autoridades, estas acciones del Gobierno “se realizan cumpliendo con la responsabilidad y el compromiso con las familias afectadas por su situación legal».
El Gobierno salvadoreño comunicó este día que entregará $764,000 a las familias afectadas en el desalojo de la comunidad El Espino, puesto que en julio de 2014 la familia Dueñas Herrera interpuso una demanda contra dicha comunidad, bajo el cargo de usurpar terrenos privados que forman parte de sus propiedades.
La comisión interinstitucional encargada del tema, conformada por la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) y el Fondo Social para la Vivienda (FSV), informaron que proporcionarán a los grupos familiares cheques con un monto determinado de dinero, así como las facilidades para la adquisición de una vivienda de interés social.
El gobierno ha destinado $764,000, los cuales se distribuirán en dos tipos de cheques: uno por $12,000 para las familias que no cuenten con ningún inmueble fuera de la finca El Espino y otro por $4,000 para quienes se les comprobó que poseen alguna propiedad.
El plazo estipulado para comenzar el desalojo total de las familias comienza el 20 de abril del presente año, a partir de esa fecha tienen 15 días para que todas las personas desocupen el terreno. En estas mismas fechas, FONAVIPO iniciará la recepción de documentos de las familias, una vez completada la documentación, en un plazo de 4 días hábiles, entregarán el 50% del valor del apoyo económico.
FONAVIPO verificará que las familias se retiren del lugar y luego de ello hará entregará el 50% restante.
Según las autoridades, estas acciones del Gobierno “se realizan cumpliendo con la responsabilidad y el compromiso con las familias afectadas por su situación legal y que el desalojo es producto de un proceso judicial”.
En julio de 2014, la familia Dueñas Herrera interpuso una demanda contra la comunidad El Espino, bajo el cargo de usurpar terrenos privados que forman parte de sus propiedades. Después de pasar por las instancias judiciales, el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán resolvió que las familias debían desalojar la propiedad.
El caso
Un grupo de 18 afectados de la comunidad interpusieron un amparo ante la Sala de lo Constitucional para detener estas acciones. El amparo fue admitido y el desalojo fue suspendido como medida cautelar, sin embargo, el 9 de febrero del año pasado, la Sala resolvió que los habitantes de la comunidad debían ser desalojados dentro de un plazo máximo de seis meses.
El fallo indicó que el VMVDU era responsable de reubicar a las familias. En total son 76 familias las que salieron afectadas y recibirán el apoyo económico.
"Las familias están obteniendo un beneficio que antes no hubiesen podido obtener" Arq. Roberto Gochéz del Ministerio de Obras Públicas pic.twitter.com/pjYTtaxFGs
— SPTA (@SPTAsv) April 13, 2018
