El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobó este miércoles un nuevo acuerdo de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para El Salvador, con un acceso equivalente a US$1,4 mil millones. La decisión del Directorio permite a las autoridades un desembolso inmediato equivalente a unos US$113 millones.
«El programa respaldado por el FMI tiene por objeto garantizar que se den las condiciones necesarias para impulsar las perspectivas de crecimiento y la resiliencia de El Salvador mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas, la acumulación de las reservas externas y financieras y la mejora de la gobernanza y la transparencia. También se están abordando los riesgos de bitcoin», detalló el FMI.
A través de un comunicado, el Fondo Monetario detalló que el financiamiento permitirá al gobierno salvadoreño abordar los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia, así como señaló que espera que el acuerdo catalice apoyo financiero multilateral adicional, para un paquete de financiación global combinado de más de 3,5 mil millones de dólares durante el período del programa.
El programa también aborda los riesgos derivados del proyecto Bitcoin, en particular haciendo voluntaria la aceptación de la criptodivisa y limitando la participación del sector público en actividades relacionadas con esta moneda y en transacciones y compras de Bitcoins.
Nigel Clarke, Subdirector Gerente y Presidente Interino del FMI afirmó que «la economía salvadoreña está en constante expansión gracias a la solidez de las remesas y el turismo, y a una situación de seguridad muy mejorada».
El funcionario destacó que en el país, los déficits externos se han reducido, la inflación ha disminuido y las recientes operaciones de gestión de pasivos han reducido las necesidades de financiación a corto plazo. «No obstante, El Salvador sigue afrontando profundos desequilibrios macroeconómicos, derivados de un elevado endeudamiento y débiles colchones externos y financieros, así como de obstáculos a la inversión y la productividad», dijo.
«Se espera que las mejoras previstas en materia de gobernanza y transparencia impulsen la confianza y la inversión privada. Se han dado los primeros pasos mediante la promulgación de una nueva legislación anticorrupción y la publicación por la Corte de Cuentas de auditorías de estados financieros de los organismos públicos y de auditorías COVID. A estas medidas seguirán la mejora de los procesos de contratación pública y rendición de cuentas, así como el refuerzo de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT)», agregó Clarke.
En cuanto a lo que el FMI llama «los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin», señaló que estos se están abordando de acuerdo con las políticas del Fondo y con el asesoramiento a las autoridades salvadoreñas. De tal manera, que el uso de la moneda virtual por parte de la población será de manera voluntaria, mientras el gobierno se comprometió a que el pago de impuestos se haga únicamente en dólares estadounidenses.
«En el futuro, los compromisos del programa limitarán la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con Bitcoin, así como las transacciones y compras de Bitcoin por parte del gobierno», añade el informe.
