Más productores, agricultores y comunidades rurales de la cuenca del río Grande de San Miguel tendrán acceso a nuevas acciones para mejorar el uso de los recursos naturales, fortalecer sus actividades productivas y enfrentar de mejor manera los efectos adversos del clima.
Este es el objetivo de la implementación en El Salvador del Programa de Adaptación Basada en Ecosistemas para Aumentar la Resiliencia al Cambio Climático en el Corredor Seco Centroamericano y las Zonas Áridas de República Dominicana (ADAPTA-R), que desarrollará acciones durante los próximos siete años.
La intervención llegará a Concepción Batres y Jucuarán, en Usulután Este; El Carmen, en Cuscatlán Sur; El Tránsito, en San Miguel Oeste; y San Miguel, en San Miguel Centro.
En estos territorios se impulsarán acciones para mejorar la gestión del agua y los recursos naturales, recuperar ecosistemas y fortalecer actividades productivas, con énfasis en pequeños productores, agricultores, emprendedores rurales y comunidades que dependen directamente de estos recursos.
La participación de El Salvador se formalizó con la firma de un convenio entre el Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, y el Director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en El Salvador, Alejandro Zelaya.
“Los efectos adversos del clima ya están definiendo las condiciones en las que producimos, vivimos y desarrollamos nuestros territorios. Frente a esta realidad, la adaptación no es una opción sino una responsabilidad que debemos aceptar y trabajar”, afirmó el Ministro López.
La iniciativa forma parte de un programa regional que reúne a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, con una disponibilidad de US$268.35 millones. En conjunto, beneficiará a más de un millón de personas y contempla la restauración y protección de cerca de 12,000 hectáreas de ecosistemas forestales.
En El Salvador, el programa contará con una contribución en especie de US$7.07 millones, que comprende capacidades técnicas, personal especializado y trabajo institucional desarrollado en el territorio.
La cuenca del río Grande de San Miguel es una zona prioritaria por su importancia para el agua, la producción y las comunidades que dependen de sus recursos. Por ello, las acciones buscarán que la recuperación de los ecosistemas también se traduzca en mejores condiciones para producir y en una gestión más eficiente de los recursos naturales.
“Para nuestro Gobierno, la adaptación climática es una prioridad nacional. La protección de los ecosistemas forma parte de la protección de nuestra población. Una cuenca funcional significa mayor seguridad hídrica; suelos saludables significan mejores condiciones para producir; y ecosistemas restaurados significan territorios con mayor capacidad para enfrentar los impactos climáticos”, enfatizó el titular de Medio Ambiente.
El programa cuenta con el respaldo del Fondo Verde para el Clima, es administrado por el BCIE y tiene la participación de la FAO y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), que apoyarán con asistencia técnica, conocimiento y fortalecimiento de políticas públicas.
“Estamos convirtiendo la adaptación climática en una política de protección de nuestra población y de nuestros recursos naturales”, concluyó el Ministro Fernando López.
