Este lunes, diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, emitieron dictamen favorable a la Ley Especial para la legalización de los inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES).
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, participó en la sesión de trabajo de dicha comisión para brindar detalles sobre la Ley Especial, explicó que estos inmuebles serán transferidos en donación a favor de las familias que los adquirieron y pagaron parcial o totalmente su valor a PROCADES.
También, señaló que se busca solicitar al juez correspondiente el desembargo de los inmuebles que no fueron adjudicados.
“Le daremos al Ministerio de Vivienda una herramienta más para que haya justicia social. Estas familias dejaron de salir a comer, de comprar cosas para pagar sus terrenos, y esta lotificadora no se los entregó. Por años tocaron puertas y no fueron beneficiados”, manifestó la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda.
Las familias que fueron estafadas han estado luchando desde 1998, año en el que la lotificadora PROCADES cometió fraude en contra de las familias que habían pagado su terreno a través del programa de créditos de FONAVIPO, pues las lotificaciones ya tenían propietarios.
FONAVIPO fue a juicio en este caso y se le adjudicaron, como pago por los $5.3 millones estafados a las familias, inmuebles propiedad de la asociación PROCADES, sin embargo, para que la institución gubernamental pudiera donar los inmuebles a las familias afectadas debía aprobarse un decreto en la Asamblea Legislativa, lo cual no sucedió conforme a la necesidad del caso, pues, a la fecha, producto de un decreto emitido en 2018 solo fueron favorecidas 60 familias.
La titular de Vivienda, quien expuso ante los parlamentarios la necesidad de aprobar el anteproyecto de ley, explicó que uno de los principales problemas que dio paso a la estafa contra las familias fue la falta de controles en FONAVIPO al no advertir irregularidades en los procesos. Dijo que el obstáculo que impidió, posteriormente, una resolución favorable y pronta a las familias fue el corto periodo de tiempo (dos años) del decreto transitorio emitido en 2018 por el Primer Órgano del Estado.
«La entrega de escrituras a las familias salvadoreñas forma parte de la reconstrucción del tejido social, que es una área de gran importancia para el Gobierno de la República», añadió la funcionaria.
Adelante bancada cian sanemos al pais de tantas heridas hechas por los GUEBIERNOS de arenafrente…Por fin llego la justicia social tal como Dios manda…..
Que bueno que le solucionen a estas familias y que puedan tener legal sus terrenos.
En Santo Tomas hay un caso parecido «Brisas del Sur» la familia Nunez Henriquez hizo esta lotificacion en 1988 casi todos los tgerrenos fueron pagados y todavia no se tienen las escrituras. un par de abogansters los estafaron tambien.
Los directivos de Procades deben ser procesados, son criminales y deben estar presos. Hay que poner alto a estas ONG´s que se aprovechan y se aprovecharon de la necesidad del pueblo con nefastos resultados.