Según informaron diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, que tras realizarse diversos estudios con médicos especialistas y funcionarios relacionados al sector salud, se anunció que hoy concluyó la fase de consultas en relación con el anteproyecto de la nueva Ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos y la reforma a tres artículos del Código de Salud vinculados a actividades relacionadas con radiaciones ionizantes.
Asimismo, informaron que será el equipo técnico el que presentará ambos documentos en la próxima sesión de esa mesa de trabajo, con el fin de ponerlos a discusión y luego de ello emitir o no un dictamen favorable.
Referente a Ley de Trasplantes de Órganos Humanos, la normativa que pretenden implementar, una vez sea expuesta y aprobada en el pleno, cubre nueve ejes y uno de ellos es la equidad para que todos los pacientes -independientemente de su realidad económica y social- tengan acceso a un trasplante, si así lo necesitan.
Asimismo, una vez entrada en vigencia la ley se contempla la creación del Centro Nacional de Trasplante (CNT), que estará ligado y regido por el Sistema Nacional de Salud. Este incluirá una representación de los pacientes afectados para que tengan voz y voto en las decisiones que se tomen de cara a su salud.
Además, la iniciativa presentada incluye a donantes fallecidos. Hasta la fecha, en el país solamente se ha trabajado con donantes vivos; la ventaja de incluir a donantes muertos es que la mayoría de órganos pueden utilizarse para dar una oportunidad de vida a más personas.
La modificación para facultar al MINSAL
Por otro lado, sobre las reformas a tres artículos del Código de Salud -191, 192 y 284- tienen por finalidad la regulación administrativa relativa a la autoridad competente y tipificación de conductas vinculadas al control, manejo, uso y comercialización de actividades relacionadas con radiaciones ionizantes.
“Hay sitios que prestan este tipo de servicios y no cumplen con las medidas necesarias y es un riesgo para los pacientes, el personal y los residentes que se encuentran alrededor de estas clínicas no autorizadas”, comentó el diputado Amílcar Ayala, presidente de la comisión.
Ese reglamento tiene un vacío de ley, debido a que -según la redacción actual del artículo 191- no se le permite al Ministerio de Salud (MINSAL) que interponga sanciones ante las malas prácticas de este tipo de actividades.
Por lo que con estas modificaciones a la normativa actual se estaría fortaleciendo el marco sancionatorio para evitar accidentes radiológicos. Con ello, se dejaría de exponer tanto al personal médico como a los pacientes.
“El objetivo es tener control sobre el tema regulatorio y la protección inminente de la población. Se tiene una regulación desfasada e incompleta porque no permite sancionar”, explicó el ministro de Salud, Francisco Alabi, al ser consultado por los legisladores en el proceso de recabar de insumos.
La radiación ionizante, regida en el Código de Salud desde 1988, tiene diversos usos en el país. Entre estos está la radioterapia, la medicina nuclear, la radiología diagnóstica, en el campo dental y veterinaria. También se aplica en el área industrial, en aeropuertos y aduanas para detectar tráfico ilegal; en las carreteras, para medir el espesor del asfalto; para medir el nivel de las bebidas y para procesos de control de calidad en exportación de telas, plástico, papel, papel higiénico, láminas, entre otros.
Sin embargo, el uso inadecuado de la radiación puede traer graves consecuencias a la salud de la población, como muerte celular, quemaduras en la piel, efectos genéticos, lesiones, cáncer, entre otros.
