El informe de Cristosal también destaca que los principales victimarios son las pandillas, pero que elementos de la PNC y de la Fuerza Armada también han provocado el desplazamiento de estas personas.
La Organización No Gubernamental, Cristosal, reveló en un informe que el desplazamiento forzado en 2017 aumentó en comparación al año 2016, teniendo principal afectación en menores de edad y mujeres entre 36 y 45 años de edad.
El informe de desplazamiento interno por violencia que atendió Cristosal y la Fundación Quetzalcóatl, el año pasado registró a 701 víctimas en 186 casos, mientras que en 2016 fueron 417, es decir que hubo un aumento del 53% de personas afectadas.
La representante de Cristosal, Celia Medrano, denunció que el Gobierno sigue sin reconocer el fenómeno y señaló que en el estudio ejecutivo sobre “Movilidad Humana” hacen falta datos. “No es posible que nosotros hayamos atendido en un solo año a 701 víctimas y que el Gobierno diga que en 10 años hubo 400”, expresó.
El informe de estas ONG también destaca que los principales victimarios son las pandillas, pero que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada también provocaron el desplazamiento de estas personas, aumentando en un 15% este tipo de victimarios a comparación de 2016.
El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, estuvo presente este día en la presentación oficial de este informe y expresó que ellos ya lo han estudiado y que coinciden en aspectos como “caracterización de las víctimas y de autores de los hechos, impactos económicos y sociales de las víctimas”. Sin embargo, señaló que existe una debilidad en el estudio y es que es muy “descriptivo, pero acepta que el fenómeno es grave en el país”.
Landaverde también aseguró que según el registro de ellos, el 80% de los casos son atendidos por la PNC, pero que el 70% de las familias que sufren este fenómeno no denuncian estas situaciones.
Además, dijo que la razón por la que la sociedad civil, organizada en ONG, registre más casos que el ministerio es porque “las víctimas tienen más confianza (en ellos)”.
Por su parte, Celia Medrano y el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Jorge Peraza, realizaron un llamado al Estado salvadoreño para que este fenómeno no sea llamado como “Movilidad Humana” sino como “desplazamiento forzado”.
“Nombrar el fenómeno con su nombre adecuado es de gran utilidad en materia de derechos humanos”, dijo el jefe de la misión de la OIM.
En este mismo evento estuvo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y reveló que en 2017 la PDDH recibía siete casos mensuales y en el presente año (2018) se están recibiendo 12
