La Defensoría se trasladó en distintas zonas de Santa Tecla para implementar un operativo de inspección para evitar cobros indebidos por el impuesto de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC).
Este impuesto carga el 5 % a la compra de servicios o productos de telecomunicaciones que había sido establecido al público consumidor, natural y jurídico, pero, el Gobierno decidió dejar sin efecto la aplicación al ciudadano promedio y solo será cargado a los grandes contribuyentes.
La verificación realizada este jueves por la Defensoría del Consumidor en la zona de Santa Tecla, departamento de La Libertad, tiene como objetivo garantizar a los consumidores que el producto o servicio de telefonía que adquieran lleve el cobro exacto.
El control entró en vigor para constatar que no se realice el cobro al impuesto a la transferencia de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, terminales, aparatos y accesorios o servicios de telecomunicaciones.
Para el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, «el cobro indebido es una práctica abusiva». Además, hizo énfasis que este plan se mantendrá el tiempo que sea necesario para que los distribuidores de estos productos y servicios cumplan con lo estipulado por la ley.
Salazar manifestó que se verificará que las disposiciones establecidas en la Ley de Protección al Consumidor sean respetadas por los diversos comercios. También, recalcó que estos operativos se llevarán a cabo a escala nacional para proteger los intereses de los consumidores ante abusos o vulneración de derechos.
La Defensoría ha sido enfática en recalcar que serán vigilantes para que los establecimientos no carguen esta contribución a los usuarios a la hora que estos adquieran recargas de saldo o bienes tecnológicos.
