La Defensoría del Consumidor realizó operativos de inspección en diferentes comercios del municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz y en San Vicente, con el fin de evitar los cobros indebidos del extinto impuesto de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC).
Este impuesto cargaba 5 % a la compra de servicios o productos de telecomunicaciones que había sido establecido al público consumidor, natural y jurídico, pero el Gobierno estableció que dejara de ser aplicado al ciudadano promedio y solo se imputara a los grandes contribuyentes.
Según las disposiciones legales, los comercios que insistan en cobrar el impuesto serán sancionados hasta con 500 salarios mínimos.
Además, el cobro del CESC, por parte de los proveedores en el presente no está vigente entre las tarifas autorizadas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
La DC insiste en que las tiendas y proveedores que, sean grandes y medianos, pequeños o micro, formales e informales, tienen prohibido realizar prácticas abusivas y que, en caso de detectarse, serán severamente sancionados por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.
Encabezada por su titular, Ricardo Salazar, la Defensoría realizó inspecciones en distintos puntos del país para constatar que se hagan recargas sin cargos adicionales.
“Continuamos con este esfuerzo importante a efecto de evitar los abusos en la economía familiar”, dijo Salazar. “Cualquier cobro del CESC en la actualidad es un cobro indebido y es una práctica abusiva”, subrayó.
El personal de la Defensoría no solo visita los lugares centrales de los departamentos; sino los cantones, caseríos y comunidades donde, alertados por la población, se ha conocido que hay cobros de este extinto impuesto.
Esto es tonto, nadie esta cobrando el dichoso impuesto, saben lo que sucede, es que las telefonía no dan margen de utilidad a los vendedores, para ganar un dólar, hay que vender 100 dólares. Esto no ve la DC