La Cámara Primero de lo Penal de San Salvador revocó la detención de Earle René Reyes Morales, hermano del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y ordenó la detención inmediata de Kevin Mauricio Larrazábal Morales, y de Manuel Antonio Bercián Castro, quienes se quitaron el brazalete que se les había colocado para monitorearlos en el país.
La misma Cámara dictó varias resoluciones en el proceso que se sigue en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador contra Sigfrido Reyes y otros 13 imputados, señalados por la Fiscalía General de la República de integrar una red de lavado de dinero.
Los magistrados anularon además la orden de detención dictada por el Juzgado Décimo Primero de Paz contra el empresario Byron Enrique Larrazábal, principal socio del expresidente de la Asamblea y ordenó al Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador que realice una audiencia especial para que discuta las medidas a decretar para ambos procesados.
Los magistrados también impusieron medidas para René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez, Jenny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz de Hernández, quienes son acusados de incumplimiento de deberes. Estos deberán presentarse a firmar cada 15 días al Juzgado Sexto de Instrucción, no salir del país, entregar su pasaporte al juez Roberto Arévalo Ortuño, pagar una fianza de $20,000 en un plazo de 15 días.
En el caso de Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, quien ya tenía medidas alternas a la detención, los magistrados le han adicionado la obligación de pagar también una fianza de $20,000.
Con respecto a Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, esposa de Sigfrido Reyes y Sonia Inés Morales Rivas, esposa de Larrazábal, la Cámara les mantiene las medidas y la fianza que pagaron por $20,000.
Otro de los puntos resueltos por los magistrados, consisten en confirmar la resolución que había declarado sin lugar la pretensión de la defensa de dos imputadas que había planteado la prescripción de la acción penal, el tribunal superior ha dicho que el caso debe seguir porque no existe ninguna prescripción.
Y por último se revoca la resolución que el Juzgado había emitido a favor de René Antonio Díaz Argueta y Jenny Elibeth Guadalupe Medina de Ramírez, en la cual el delito de incumplimiento de deberes desaparecía y era absorbido por estafa agravada, según la resolución el exgerente y la exempleada del del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) deben enfrentar los delitos de manera separada.
El próximo lunes el juez Roberto Arévalo Ortuño, confirmó que definirá la fecha para realizar la audiencia especial que ordena la Cámara Primero de lo Penal.
Tremendo combate a la corrupción,jueces vendidos,ya les caerá el yugo,no aprendieron nada del 28F.
«Que triste vive mi gente en las Casas de Carton»! `asi se quedaron todos aquellos que creyeron las inmundas promesas de cambio y de revolucion de los Frentudos del PCS que solo imitaron y superaron al PCN y Arena en su Corrupcion e Incompetencia!