Este lunes 20 de abril, 486 cabecillas de la estructura criminal MS-13 comparecen ante la justicia en una audiencia abierta, en el marco de uno de los procesos judiciales más amplios impulsados contra mandos de pandillas en el país.
A estos imputados se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, los cuales habrían sido ordenados directamente por la cúpula de la organización y ejecutados a nivel nacional. Durante ese período, las autoridades señalan que la estructura operó de forma sistemática, generando temor, violencia y luto en numerosas familias salvadoreñas.
El proceso judicial es presentado por las autoridades como parte del desmantelamiento progresivo de una red criminal que funcionó con alta organización y control territorial. Asimismo, se enmarca en la aplicación de herramientas legales y del #RégimendeExcepción, medidas que han fortalecido la capacidad de investigación, operatividad en el territorio y respuesta institucional frente a estructuras criminales.
Entre los delitos que se les imputan figuran homicidios y feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas. Estos hechos, además de afectar directamente la vida de miles de personas, también habrían impactado negativamente el desarrollo económico y social del país.
Asimismo, los acusados enfrentan cargos por rebelión, al intentar mantener control territorial con el objetivo de establecer estructuras paralelas al Estado, desafiando la autoridad institucional y atentando contra el orden constitucional y la soberanía nacional.
Las investigaciones también vinculan a parte de los procesados con la ola de violencia registrada en 2022, la cual dejó 86 víctimas mortales y marcó un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del país.
De acuerdo con las autoridades, 413 cabecillas ya se encuentran en prisión, mientras que otros 73 poseen órdenes de captura activas. La Fiscalía sostiene que cuenta con un amplio respaldo probatorio, el cual permitirá solicitar e imponer penas máximas a los imputados.
El proceso continúa desarrollándose bajo estrictas medidas judiciales, mientras las autoridades afirman que la justicia avanza de manera firme en el combate contra las estructuras criminales.
