Varios trabajadores del área de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador, iniciaron el año sin empleo. Es por esto que un grupo de adscritos a la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) se concentró frente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en busca de apoyo y el pronunciamiento del procurador, Apolonio Tobar, condenando las violaciones laborales cometidas por la administración de Ernesto Muyshondt.
Los al menos 13 despidos obedecen según ellos a la privatización del servicio de recolección de basura. Ninguno de los despedidos recibió una explicación clara, afirman.
Los empleados también denunciaron nuevamente que, más de 200 empleados no pueden hacer uso de los servicios médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) porque el alcalde ha retenido, pero no cancelado, al igual que el resto de prestaciones de ley.
En octubre del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó en sede judicial, al tesorero de la alcaldía de San Salvador, Fernando Heriberto Portillo Linares por el delito apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de trabajadores de la municipalidad por un monto de $678,684.
Los malgasto en la bandera más grande de centroamerica y en una valla publicitaria que se la acaban de votar a la basura
Claro el Fiscal melara no capturara por muy culpable que sea, son del mismo piñal