Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia de la República, descartó que la demanda penal contra la empresa CENTRUM propiedad del presidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson, se trate de una persecución política.
“Se trata de un delito de tráfico de armas y no de una persecución política, ni en su mínima expresión”, detalló el profesional en derecho.
“Son cinco delitos que presuntamente se cometieron en el proceso de permuta con la empresa CENTRUM, entre ellos el de tráfico ilegal de armas. Hemos presentado la documentación necesaria para que la Fiscalía General de la República agregue un nuevo delito”, detalló.
“En el proceso de permuta de las armas del Ministerio de Defensa y CENTRUM hubo una serie de irregularidades, donde la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que investigar al respecto”, indicó.
Las permutas iniciaron en el 2011 y se han realizado cinco, donde por lo general se hace una especie de trueque de armas por armas y por el mismo valor.
“El primer evalúo fue de $480 por armas nuevas y luego se forma una comisión del Ministerio de Defensa, donde de la nada bajaron el precio a los 200 dólares y luego se reduce a 42 dólares, haciendo un costo total de 1.7 millones de dólares, que luego de incluir el respectivo IVA el costo llega a los 2 millones de dólares”, explicó Javier Argueta.
“Lo curioso del caso, es que quien termina pagando el IVA es el Ministerio de Defena tres años después de la permuta y en su efecto lo tenía que hacer la empresa CENTRUM. Otro dato que hemos encontrado, es que CENTRUM utilizó la franquicia del Ministerio de Defensa para que se exoneraran un 30 por ciento de impuestos”, aseveró.
"Son cinco delitos que presuntamente se cometieron en el proceso de permuta con la empresa Centrum, entre estos el de tráfico ilegal de armas", sostiene Javier Argueta, asesor jurídico de la @PresidenciaSV en programa #APrimeraHora de @radio102nueve. pic.twitter.com/M4gZHu9j8f
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) November 25, 2019
Sobre este caso, dijo, las investigaciones deben realizarse a personal del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Defensa.
“En el caso de los dos militares que quienes se dice que avalaron las armas, hemos encontrado un informe de inspección y ellos dicen que pareciera que las armas se encuentran bien. Las armas debieron ser probadas a 35 kilómetros y se hizo a 200 metros. Desde aquí vemos otro elemento”, reveló.
“De las seis empresas que se presentaron con el mismo apoderado legal, cuatro de ellas se retiraron y solamente quedaron dos. De ellas, una manda una carta excusándose y el mismo apoderado dice, “solamente yo he quedado”. De igual forma presentamos dos facturas, donde en una de ellas se da un precio de 1.6 y la otra que tiene manchas por un valor de 1.7”, puntualizó.
Concluyó diciendo que las denuncias van por falsedad, cohecho, estafa, evasión fiscal y por tráfico de armas.
y la otra corrupcion mas grande comprar los votos al partido vende patria de GANA a travez del corrupto Gallegos para ganar a como diera lugar la presidencia engañaron al pueblo vistiendo la bandera de otro partido son mafia
Rodrigo ávila ha de estar podrido también de pura corrupción