Asamblea pedirá a Superintendencia del Sistema Financiero auditar a agencias de datos crediticios

En la búsqueda de un mecanismo para no continuar con la vulneración de los derechos crediticios de los salvadoreños, los diputados de la Comisión Financiera solicitarán a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que realice una auditoría a las agencias que resguardan datos de historiales crediticios.

Esta petición se origina para determinar una “justicia financiera” -como lo denomina la presidenta de la junta Dania González-, debido a que los legisladores están recabando información sobre esta temática, con el fin de que posteriormente puedan hacer modificaciones a la Ley de Regulación de los Servicios Crediticios.

La iniciativa del requerimiento al SSF surgió entre los legisladores, luego de que en la sesión de trabajo número 12 invitaran a representantes de las agencias Equifax  Centroamérica, S.A. de C.V., Transunión El Salvador, S.A. de C.V. e Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. (INFORED). 

El presidente de Equifax (empresa internacional instalada en el país desde hace 25 años), Alejandro Flores; el jefe de Tecnología de INFORED (institución nacional que labora desde hace 20 años), Luis Pérez; y el presidente de Transunión, Juan Sebastian D’Achiardi, fueron los invitados recibidos en la junta.

Durante tres horas, los diputados realizaron diversas preguntas, pero a consideración de ellos las respuestas no fueron emitidas con claridad por parte de los delegados de los burós, que son empresas que recopilan información sobre “el comportamiento” de las personas que tienen o han tenido créditos en bancos, cooperativas, casas comerciales y empresas de telecomunicaciones.

“Vamos a solicitar una auditoría a la Superintendencia para saber detalles que no han quedado claros, como si existe o no un costo de las consultas que la ciudadanía realiza si solicita un informe de su historial crediticio”, indicó la legisladora González. “También para saber si existe un cruce de información entre empresas y a donde se encuentran las bases de datos”, agregó.

Debido a los vacíos que existen actualmente en leyes acopladas a la medida de los grandes empresarios –según la mayoría de los diputados de la comisión-, al combate de la usura y a la promoción de la inclusión financiera es que definirán un proyecto para acabar con ello.

“Existe una desconfianza a estas empresas y es por acciones hechas por legisladores corporativos que estaban anteriormente, que hacían leyes ajustadas. Además, dicen que existe una inclusión financiera, pero han hecho lo contrario: la exclusión”, aseguró la presidente de la junta.

Según los miembros de la junta, los burós no siguen los protocolos necesarios para actualizar correctamente los datos de los salvadoreños para que estos puedan tener un financiamiento en algún un momento requerido.

“No hay información verídica ni confiable y es ahí donde es afectada la gente”, comentó el diputado William Soriano, quien recordó que el 70% de la población no es sujeta a créditos.

A preguntas de los diputados, Alejandro Flores (Equifax) comunicó que entre la información que recaban de una persona y que está facultada por la ley se encuentra el nombre, fecha de nacimiento y dirección residencial del solicitante del crédito, el nombre del fiador, el número del Documento Único de Identidad (DUI), referencias crediticias, días mora, el Número de Identificación Tributaria (NIT), género, entre otros.