Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el lunes 23 de diciembre, la creación de la Ley General de la Minería Metálica, y a la vez derogó la Ley que prohibía la explotación minera que databa de marzo de 2017.
La normativa consta de 35 artículos y tiene por objeto la regulación de todos los aspectos relativos con las acciones del Estado en cuanto a la exploración, explotación, extracción, procesamiento y comercialización de actividades de las mineras metálicas.
Los diputados de Nuevas Ideas argumentaron que la ley anterior limitaba la posibilidad de hacer uso de los recursos de la nación para el desarrollo económico e integral de los salvadoreños. También señalaron que el país tiene potencialmente depósitos de oro, debido a que se ubica en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica: habría depósito de litio, cobalto, níquel, que sirven para hacer baterías de almacenamiento de energía renovables, aseguraron.
Anteriormente, se expandió de la minería artesanal a la minería industrial en una mina en San Sebastián en la década de 1970.
Según los diputados de NI, existen estudios de empresas extranjeras que determinaron que en solo el 4% del área con potencial de extracción minera se identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en $131,565 millones.
La nueva ley señala que, al implementar esta actividad en el país será protegiendo el medio ambiente, garantizando la extracción mineral de forma sostenible, mediante la aplicación de buenas prácticas, como el uso de tecnologías limpias, certificaciones, economía circular y compensación ambiental.
El análisis desarrollado en el pleno
La diputada Elisa Rosales explicó que la nueva normativa reduce el alcance y establece que el Estado será el único habilitado para la exploración, explotación, extracción y procesamiento de los recursos productos de la minería metálica.
“Como país no queremos que se comentan los errores del pasado donde este tipo de actividades quedan a discreción de empresas que buscaban el lucro y que no veían el bienestar del pueblo”, aseguró la legisladora.
Enfatizó en que la actividad minera va a generar empleos, desarrollo y dinero para invertir en políticas públicas y el desarrollo del país.
“El Salvador tiene los depósitos de oro de mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. Estudios revelan que el 4 % del área potencialmente identificada tiene 50 millones de onzas de oro, lo que se traduce en $131,565 millones, equivalente al 380 % del Producto Interno Bruto”, repitió Rosales lo dicho por el presidente Nayib Bukele.
La funcionaria añadió que en la actualidad ya hay prácticas mineras amigables con el medio ambiente y que generan el menor daño posible de los recursos naturales.
Su compañero de fracción, Edgardo Mulato, sostuvo que el eje central de esta ley es el respeto al medio ambiente a través de instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Salvadoreña del Agua y la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas Vamos a emprender un proyecto vital para los salvadoreños.
Mientras que el diputado William Soriano expresó que el milagro económico que busca el Gobierno de Bukele para el país tiene diferentes aristas y una de ellas es fortalecer diferentes industrias que utilicen otros vectores de la economía.
Agregó que por cada dólar invertido en minería se generan dos o cuatro dólares en beneficio del país.
Las entidades que regularán la ley
De acuerdo al proyecto de la Ley General de la Minería Metálica, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), a través de la Dirección de Minas (DM), es la autoridad competente para conocer de las actividades mineras metálicas y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la normativa.
Además, en su artículo 2 explica que será la DGEHM la encargada de la regulación de las actividades previas a la explotación minera.
Esto incluye la autorización de los estudios de reconocimiento superficial y otras necesarias para el correcto desarrollo de las actividades exploratorias, así como de la operación de plantas de procesamiento de minerales metálicos y la movilización de materia prima extraída o procesada.
Además, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) serán los entes encargados de la vigilancia y cumplimiento de las condiciones medioambientales y de preservación del recurso hídrico derivadas de las actividades mineras metálicas.
Es un gran error, está ley que permite la contaminación de un país en si muy contaminado.