C. Y. C. abrió una cuenta bancaria a su nombre en octubre de 2017 y, casi de inmediato, empezó a recibir depósitos de dinero que posteriormente eran retirados. La Fiscalía General de la República comprobó que estos fondos provenían de la extorsión a empresarios de transporte público en la zona central de San Salvador.
La acusación fiscal estableció a través de la declaración de tres testigos con régimen de protección que la extorsión se realizaba por medio de llamadas telefónicas, donde exigían altas cantidades de dinero a cambio de no atentar contra la vida de los empleados y las unidades. La extorsión se la atribuían miembros de la pandilla 18, que luego indicaban que el dinero debía de ser depositado en la cuenta a nombre de C. Y. C. La mujer recibió tres pagos de extorsión por montos de $800, $2,500 y $5,500.
Por estos hechos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras realizar la vista pública, la encontró culpable del delito de extorsión agravada y le impuso una pena de 48 años de cárcel, 16 años por cada víctima.
